«El martes sabremos si Indalo Media pagará las deudas»
Juan Pablo Sarkissian, secretario de Interior del Sindicato de Prensa de Rosario, dialogó con Conclusión y se refirió a la incertidumbre por la que están pasando los trabajadores del diario El Ciudadano.
- Gremiales
- Abr 21, 2016
Por Marcelo Chibotta
Los trabajadores del diario El Ciudadano están preocupados y expectantes. Si bien los sueldos del último mes fueron abonados en tiempo y forma, aquellos que se retiraron voluntariamente no cobraron las últimas dos cuotas que la empresa Indalo Media debía efectivizar.
Por ello, Conclusión conversó con el secretario de Interior del Sindicato de Prensa Rosario, Juan Pablo Sarkissian, quien afirmó que los trabajadores cobraron el salario de marzo y por ello están en término, “pero pasó que el 15 tenían que depositar la cuota los compañeros que se habían retirado y no apareció la cuota y el 15 de abril tampoco apareció, por lo que estamos dos meses para atrás”.
“En ese contexto hicimos la asamblea en el diario, solidariamente los trabajadores de El Ciudadano abrieron las puertas para los compañeros retirados a quienes conocemos pero se fueron porque tenían otras expectativas y pactaron retiros voluntarios que oscilan entre el 100 y el 120 por ciento y en cuotas, o sea que era un negocio para todos: la empresa no quería conflictos y los tr
abajadores se querían ir”, indicó Sarkissian.
Enseguida el dirigente gremial señaló que “llegó marzo y se complicó, llegó abril y se sigue complicando y el 15 de mayo vence la tercera cuota, por lo que entran todas las incertidumbres”.
Más adelante, Sarkissian detalló: “Por eso el jueves pasado hicimos una asamblea en conjunto y allí planteamos ratificar el estado de asamblea permanente, alerta y movilización y pedimos al otro día una audiencia de carácter urgente al ministerio de Trabajo de la provincia para que convoque a las empresas y por ello confirmaron la audiencia para el martes 26 a las 11 y media”.
“O sea que la empresa irá y se supone que tendrá que decir si va a pagar o no. Y si va a pagar, cuándo y de qué modo actualizará esto”, completó.
En otro sentido, y tras ser consultado sobre la opinión que tiene sobre la ley de acceso a la información pública, presentada recientemente por el gobernador Miguel Lifschitz, la respuesta del dirigente sindical sorprendió: “La verdad, es que todavía no nos mandaron el proyecto, estamos en problemas ya que no lo tenemos. Hace una semana que lo estamos pidiendo. Además de no habernos informado aún, tampoco nos invitaron, ni a nosotros ni a la asociación de prensa de Santa Fe”, manifestó.
— ¿Cómo están viendo los cambios que se produjeron en torno a la Ley de Medios?
— Lo que está en danza y es inminente, es la presentación de un nuevo proyecto de ley. La excusa, el pretexto, el argumento es la convergencia pero es falaz, porque si bien por un lado existía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por el otro lado la de Argentina Digital sobre las cuales se podría haber avanzado, la nueva ley irá por la que básicamente atacó la concentración de medios y tenía como rasgo que era antimonopólica, ofrecía pluralidad de voces y con ello hacía real la libertad de expresión. A eso hay que agregarle que Clarin compró Nextel y después Telecom. El negocio está cerrado; en los ’90 lo primero que se privatizó fueron los canales de televisión abierta y vienen por eso. Hoy la discusión pasa por quién se queda con el negocio del fútbol. Hay una batalla sobre eso, Clarín le está contando las costillas al gobierno nacional y se va a pelear con él si se lo llegan a dar a Ted Turner.
— ¿Y qué rol está cumpliendo la Coalición para una Radiodifusión Democrática en este contexto?
— La discusión dentro de la Coalición, es sobre los nuevos 21 puntos en los que aparecen los temas vinculados a internet y a toda la cuestión digital entre otros temas. Así, estos se suman a los 21 puntos anteriores que se propusieron en un contexto que tenía que ver con el derecho a la comunicación, y sobre todo con la democratización de la palabra, ya que se estaba peleando contra el decreto ley de la dictadura. Ahora los DNU son legales y por eso el Enacom ya existe, pero fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e hicimos una denuncia porque los DNU necesitan de la resolución de las dos cámaras para ser rechazados y sólo de una para ser aceptados. En virtud de ello, la Corte dijo que esa situación está por debajo de los estándares internacionales, no alcanza con eso y es un problema de la misma Constitución Nacional.
— ¿Cómo ve, a nivel general, las medidas que implementó el gobierno nacional hasta acá?
— Para definirlo en pocas palabras, la verdad es que son coherentes, responden a sus intereses ya que no nos mienten porque hacen lo que piensan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, para ellos el trabajo es un costo y cuarenta millones de argentinos son un montón. Es la lógica que tienen, no es que tengan errores sino es el modelo que tienen en la cabeza y en función de eso lo ejecutan y tienen como resultado 200.000 despedidos. Si dicen en el marco del 1º de mayo que el trabajo es costo y no inversión, de arranque ahí hay una definición.