El histórico debate sobre el aborto ingresa en la recta final

El histórico debate por la despenalización del aborto entrará esta semana en la recta final de las audiencias que concluirán el jueves con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, tras lo cual se abrirá la discusión entre los diputados para avanzar en el dictamen que se debatirá en sesión especial el 13 de junio.

La confirmación de la fecha de la sesión –un día antes del inicio del Mundial– surgió en una reunión entre el presidente de la Cámara, Emilio Monzo; la secretaria parlamentaria, Silvia Lospenatto; y las diputadas de Libres del Sur, Victoria Donda; de la Izquierda, Romina Plá y la radical Brenda Austin, que impulsaron el proyecto a favor de la despenalización del aborto que cosechó 72 firmas, un record histórico en el Congreso.

Rubinstein expondrá el jueves 31 en el cierre de la lista de los más de 700 oradores que pasaron por el plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública iniciado el 10 de abril para debatir las iniciativas que proponen legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Con la exposición del ministro culminará la etapa de audiencias y comenzará a partir de la primera semana de junio el debate entre los diputados a nivel de comisión que demandará al menos dos jornadas, el martes 5 y jueves 7, en las que se buscará avanzar en el dictamen que tomará como base el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

De todas maneras, las miradas estarán puestas en la treintena de indecisos ya que existe una marcada paridad entre los que están a favor y en contra del proyecto, que hasta el momento cosecha aproximadamente 110 respaldos y 108 rechazos, según fuentes legislativas.

Por ello, y para convencer a los indecisos y generar mayores consensos, fuentes parlamentarias no descartan que al proyecto de la Campaña se le incorporen modificaciones, entre las cuales la posibilidad de habilitar a los profesionales a tener el derecho de ejercer la «objeción de conciencia» y establecer una regulación de esa objeción para evitar que con ese argumento no se efectúe la practica medica del aborto.

Otro punto que se busca analizar es si se mantiene el artículo que permite a las menores concurrir solas a un hospital a realizarse un aborto sin la presencia de un adulto, ya que se sostiene que está contemplado en el Código Civil, y se buscará incluir medidas para fortalecer y reforzar la educación sexual.

Con esos cambios, se intentaría destrabar el debate para llegar a un dictamen con mayores consensos, ya que la iniciativa genera divisiones en la mayoría de los bloques parlamentarios y su aprobación aún tiene final incierto.

“Es clave definir el texto a aprobar. Vamos a tomar como base el proyecto de la Campaña y sumarle algunas cosas que a varios los hacen dudar todavía”, afirmó Lipovetzky que en las que adelantó que se acordó definir el 13 de junio “como fecha tentativa” del debate del proyecto en el recinto de la cámara baja.

El diputado del PRO, coordinador de los plenarios, calificó de “muy positivo” el balance de las reuniones, en las que ya expusieron unos 600 oradores, y destacó que “hemos logrado un debate respetuoso y tolerante. Nos encaminamos a cumplir el objetivo para demostrar que no era una puesta en escena como decían muchos y que cumplimos con la palabra de escuchar todas las voces”.

Por otro lado, la Campaña por un Aborto Seguro, Legal y Gratuito realizará una serie de acciones hasta la sesión que incluyen este lunes un “pañuelo federal” en todo el país; el martes la entrega de las notas firmadas por distintos sectores de la sociedad; el jueves una movilización y un festival, que concluirán el martes 12 de junio con una vigilia.

El proyecto de la Campaña prevé una reforma del Código Penal para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y contempla expresamente las posibilidades de abortar cuando el embarazo es producto de violación, si está en riesgo la vida o salud de la mujer o si el feto tiene deformaciones graves.

Entre otras cuestiones, obliga al sector público de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga a otorgar una cobertura integral, y establece que si el aborto debe practicarse a una menor de entre 13 y 16 años se presumirá que goza de aptitud y madurez suficiente para dar su consentimiento, y se es menor de 13 se requerirá el aval del progenitor.