La paradoja Aranguren: se produce menos energía que con Kicillof

Por Ernesto Tenembaum

Hace poco menos de un mes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, concedió un reportaje que disparó un sonoro debate sobre su decisión de mantener los ahorros en el exterior. Sin embargo, el nudo de aquella nota giró alrededor de otro tema, mucho más trascendente que el destino del dinero de cualquier funcionario: los resultados de su política energética, transcurrido el sesenta por ciento del mandato de Mauricio Macri .

Gustavo Grabia le planteó la cuestión, cuando el ministro estaba explicando algunos de sus logros.

-Las estadísticas del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas desmienten parcialmente lo que usted dice. Las exportaciones de petróleo bajaron un 30 por ciento en el año 2017 contra 2016. Las importaciones subieron un 33 por ciento. La producción de petróleo bajó un 6,12. Todos los números dan mal.

-Perdón, Gustavo, pero no me desmienten. Yo confirmo esas cifras.

-¿Y entonces?

-Argentina, cuando nosotros llegamos, estaba desconectada con el mundo. En 2014 el precio del petróleo llegó a 100 dólares el barril. A fines de ese año estaba en 60 y, cuando nosotros llegamos, estaba a 30 dólares. Esa caída en el precio del petróleo provocó un colapso en el mundo que hizo que la producción cayera. Cuando un precio cae, eso hace que la producción caiga porque no es rentable, hasta que la producción sea escasa y el precio vuelva a subir. El proceso en el cual la Argentina bajó su precio provocó una caída en la producción local. Y como el crudo estaba más barato, aumentó su importación. Ahora, como estamos conectados con el mundo, esa curva se va a revertir. Y lo va a ver a fin de año.

Ese diálogo ilumina una primer paradoja de la gestión energética iniciada en el año 2015. Esto es, que las tarifas más altas no llevaron a aumentar la inversión y la producción. En ese aspecto, las cosas empeoraron aun más que con el kirchnerismo. Más allá de algunos triunfos menores en Vaca Muerta o en la exportación de energía eléctrica a Uruguay en el último verano, los números son contundentes. La brecha en volumen entre lo que se importa y lo que se exporta en el total del sector energético creció un 11,5 por ciento desde diciembre de 2015. La inversión en el sector hidrocarburos cayó de 8.700 a 6.100 millones de dólares. La cantidad de pozos de exploración, se redujo casi un 30 por ciento, de 1316 a apenas por encima de 1000. Y así.

El jueves pasado, el subsecretario de programación macroeconómica, Luciano Cohan publicó en las redes sociales un hilo muy didáctico que refleja el desastre de la política energética del gobierno anterior: cómo se pasó de la soberanía a la necesidad de importar masivamente un producto estratégico, cómo se acumuló una montaña de subsidios dirigidos mayoritariamente a sectores privilegiados de la sociedad. «Entre 2003 y el 2015, nos gastamos 24 puntos del PBI en subsidios a la energía y a los combustibles -apuntó- A precio de hoy, son 150 mil millones de dólares». Son datos serios e inapelables.

El problema es que lo que vino después no mejoró la situación sino que, hasta ahora, ocurrió lo contrario. Hasta 2015 se combinaban tarifas bajas con caída de producción. Ahora, tarifas altas con caída de producción.

Los especialistas ofrecen distintas explicaciones sobre el punto. Aranguren lo explica en base a la caída del precio internacional. Pero, incluso en altos niveles del Gobierno, hay quienes cuestionan el magro rol que tuvo YPF desde el 2015, el cambio de régimen del subsidio a la producción de gas, ya que antes se le pagaba más precio al gas extraído de nuevos pozos mientras que Aranguren eliminó esa condición. Incluso hay funcionarios del sector de Hacienda que han trabajado seriamente para demostrar que, al menos en 2016, gran parte del aumento de tarifas no sirvió para producir más ni para reducir el déficit sino que fue, apenas, una transferencia enorme de recursos de la sociedad hacia las empresas del sector, una ganancia a cambio de nada. Esos papers se mantienen bajo siete llaves.

En cualquier caso, queda claro que las alzas de tarifas no tienen ninguna relación con la necesidad de revertir la caída de la inversión en petróleo y gas. Se trataría, apenas, de una medida para eliminar subsidios. No es política energética sino política fiscal. Por eso, esta misma semana, el Gobierno se esforzaba en difundir que Aranguren le hizo ahorrar a Mauricio Macri ochenta mil millones de pesos. Eso puede ser un mérito o no, según cómo se evalúen las consecuencias de ese ahorro en términos inflacionarios o recesivos. Pero, en todo caso, es independiente de la producción de energía. Aranguren, en este caso, actúa más como un secretario de Hacienda que como un ministro de Energía; recorta pero no logra que el país produzca un bien esencial.

Este proceso incluye la segunda paradoja de Aranguren, esto es, que la solución que propone no necesariamente es una solución. El ministro explicó que la caída en la producción en su gestión se origina en la caída del precio de los hidrocarburos y, por lo tanto, si este sube, el problema se atenuará o se solucionará. El problema de este punto de vista es que, en un mercado desregulado, si el precio del petróleo sube la economía se sacude fuerte: sube la inflación, se reduce el consumo y la producción. Es un precio de precios. Cualquiera que haya estudiado algo de historia económica conoce las crisis políticas que se derivan de un alza fuerte de los precios de la energía. Encima de todo, hay un desfasaje en ese proceso: cuando suben los precios, el estímulo a la inversión genera resultados a largo plazo, pero la sociedad sufre en lo inmediato.

O sea, en este aspecto no parece que la solución, si es que existe, sea virtuosa porque genera problemas muy serios en otras áreas.

Son asuntos complejísimos sobre cómo se organiza la economía de los países, y sobre los cuales hay opiniones diversas. Mucho más cuando no está tan claro que las reservas de gas y petróleo abunden en la Argentina. Pero las paradojas de Aranguren permiten acercarse a algunas conclusiones.

La primera es que el debate sobre el aumento de tarifas toma un sesgo equivocado cuando se lo vincula excesivamente con la «necesidad» de pagar por las cosas lo que las cosas valen. «Si queremos tener energía, habrá que pagar lo que vale», dicen algunos diputados. Basta mirar los números para ver que una cosa no lleva a la otra.

El segundo punto es que, en política energética el Gobierno asume una posición extremadamente liberal. Para defender su acceso a fuentes de energía, diversos países han producido guerras y golpes de Estado. O sea, llevaron al máximo la participación del Estado en pos de ese objetivo. La retirada del Estado no es un método que goce de consenso universal. Sin ir más lejos, esta semana el jefe de Gabinete le realizó un homenaje a Raúl Alfonsín. Está claro que, en este área, ni Alfonsín, ni mucho menos Arturo Illia, otro homenajeado, opinaban igual que Mauricio Macri y Juan José Aranguren.

El tercer punto es que la política de Aranguren pone en riesgo los pronósticos del resto del equipo económico del Gobierno. ¿Cómo se puede saber cuánto va a crecer un país o cuál va a ser su inflación si no se tiene ningún control sobre uno de los precios fundamentales de la economía? Quien dejó trascender su malestar esta semana fue el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cuando explicó que, en diciembre, tuvo que lidiar con aumentos de la nafta «no suficientemente adelantados». A mediados de año pasado, pocas semanas antes de las PASO, ocurrió lo mismo cuando la nafta, inesperadamente, subió un 9 por ciento. ¿Quién puede asegurar que «lo peor ya pasó» si deja librado al país a fuerzas de mercado internacionales cuyo movimiento no puede anticipar? Pero está claro que Macri subordina la marcha del plan económico a la política de Aranguren. Una y otra vez ha saldado los debates a su favor.

Néstor Kirchner no hubiera llegado al poder sin el aporte de dinero que recibió por la privatización de YPF. El kirchnerismo no hubiera perdido tanto consenso sin la restricción externa que se instaló luego de la pérdida de la soberanía energética. Eso derivó en una sucesión de problemas, entre ellos el cepo cambiario, que produjo el ascenso de Mauricio Macri. El golpe de Estado de 1976 no se explica si no se incorpora entre sus múltiples causas la desestabilización producida por la crisis del petróleo de 1973. El ascenso del chavismo fue financiado por los precios altos del petróleo en la década pasada. La historia del poder en el último medio siglo se puede contar a partir de las luchas por la producción de energía.

Macri decidió entregarle ese área tan sensible a un empresario del sector con convicciones muy firmes, cuyos resultados se verán en poco tiempo.

Por ahora, es apenas el más eficiente ejecutor de un ajuste fiscal, en una economía que, en términos energéticos, es aun más vulnerable que en el 2015