Desde el año 1966 hasta 1983 la deuda externa argentina se multiplicó. Los gobiernos dictatoriales de Onganía y Lanusse llevaron el endeudamiento de 3.276 millones a 4.800 millones de dólares. Luego, Isabel Martínez fue derrocada con ese monto en 7.200 millones de dólares.
Al momento del retorno de la democracia, cuando asume Raúl Alfonsín, halló una deuda de 43 mil millones de dólares heredada de la dictadura cívico-militar. Después vendría la presidencia de Carlos Menem y la convertibilidad (un peso = un dólar) que elevó la cifra a los 146.219 millones de dólares.
Con el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando De la Rúa, ese monto subió hasta los 170 mil millones, y se cayó en default. Con los gobiernos kirchneristas pasaría de 178 mil millones de dólares en 2003 hasta los 250 mil millones (incluido lo defaulteado), pero que medido en base al PBI, el país redujo un 73% su deuda externa entre 2003 y 2013, según el FMI.
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Iniciado en 2004, un “fuerte proceso de desendeudamiento y regularización de la deuda pública nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se concretó mediante dos canjes de deuda en los años 2005 y 2010. Esa reestructuración, antecedente inmediatamente anterior al actual, tuvo por parte de los acreedores una adhesión en torno al 91%, el resto de lo cual terminó de cancelarse con el pago a los holdouts («fondos buitre») en el año 2016. A principios de 2006, fue cancelada totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un pago al contado de alrededor de 9500 millones de dólares.
Ya en el año 2014, el 31 de diciembre, el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof contabilizó una deuda total que alcanzaba casi el 43% del PBI, por alrededor de 221.748 millones de dólares, según datos oficiales.
Al momento de arribar Mauricio Macri al poder, esa deuda externa bruta se ubicaba alrededor de los 157.792 millones de dólares, la cual creció durante el primer año de gobierno de Cambiemos hasta los 192.462 millones de dólares. Esto se concretó por el pago mencionado previamente a los fondos buitre (vía emisión de nuevos bonos), que habían rechazado ingresar a los canjes de 2005 y 2010, beneficiados por fallos en los tribunales de Nueva York contra el Estado argentino. Así, Macri abonó alrededor de 9.300 millones de dólares a los litigantes.
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Tanto el ex presidente (que pasea actualmente por Europa) como su entorno consideraban que “arreglando” la deuda con los buitres, pagando en el momento, los mercados internacionales se abrirían de par en par, con un financiamiento eterno e inversiones que lograrían neutralizar el daño por el levantamiento del cepo al dólar, por lo que también se habilitó el giro sin límites de divisas al exterior en términos de dividendos de empresas. También todos los argentinos podían acceder de forma irrestricta a cuantos dólares quisieran.
La realidad marca que para 2017 Macri había endeudado un 21% más al país, con lo cual la deuda pasó de 192.462 millones de dólares a fines de 2016 hasta los 232.952 al cierre de 2017.
En 2018, los mercados financieros internacionales dijeron basta, el país recurrió al FMI nuevamente y el resto es historia conocida.
