Nuevas protestas en Francia contra la resistida reforma jubilatoria, antes de su adopción

Francia vivía este miércoles una nueva jornada de protestas contra la impopular reforma jubilatoria que busca imponer el Gobierno del presidente socialdemócrata Emmanuel Macron, mientras un grupo de diputados y senadores buscan acordar una versión definitiva de la ley con vistas a sancionarla este jueves pese a las multitudinarias marchas realizadas en rechazo a la iniciativa.

El plan de Macron para elevar la edad jubilatoria a 64 años, cuestionado por dos de cada tres franceses según los sondeos, ya desató imponentes huelgas y manifestaciones en todo el país, incluido un paro de recolectores de basura que ha dejado toneladas de desechos acumulados en las calles de París.

La octava jornada de protestas desde el 19 de enero coincide con una reunión entre siete diputados y siete senadores de una comisión parlamentaria mixta que buscarán consensuar un texto único para la reforma, un paso clave de cara a su posible aprobación este jueves.

«Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles», tuiteó Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT).

La central obrera también anunció una protesta para este jueves frente al Parlamento en coincidencia con la votación del proyecto.

La reforma busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Pese al masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, según la propia Policía, el Gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, según afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.

«Esta reforma es de una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país. Tenemos una sólida mayoría» en el Congreso de fuerzas favorables a sacar adelante la ley, aseguró esta semana un confiado Macron.

Desde la semana pasada, los sindicatos lanzaron una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y el transporte.

Sin embargo, la prensa francesa destaca que la movilización perdió fuerza en los últimos días, a medida que el escenario de su adopción se acerca y que los franceses tienen cada vez más claro que esta se aplicará, un 80 %, según un sondeo reciente del instituto demoscópico Elabe.

Aunque el servicio de trenes y el transporte público de París sigue perturbado, el ministro de Transportes, Clément Beaune, descartó que se viva una «jornada negra», informó la agencia de noticias francesa AFP.

Un 20% de los vuelos se anularon en el aeropuerto parisino de Orly.

En el sector de la energía, más movilizada, hubo nuevas caídas de producción eléctrica y continuó el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de refinerías. Los cuatro terminales de metano ubicadas cerca de París seguían de huelga.

La adopción de un texto conjunto este miércoles por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se da por hecho, ya que el oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría.

Sin embargo, la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria este jueves en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. El Senado debe también dar su visto bueno final ese día.

Las votaciones de este jueves determinarán probablemente el futuro del segundo y último quinquenio presidencial de Macron, quien fue reelegido en abril, pero luego de que su partido perdiera el año pasado su mayoría absoluta en la Asamblea.

Algunos diputados de los grupos favorables, como el derechista Aurélien Pradié, anunciaron que por ahora no lo votarán.

Según la senadora socialista Monique Lubin, el Gobierno está cediendo a «casi todas» las demandas de la derecha para lograr el mayor número de apoyos en la cámara baja.

El Ejecutivo espera no tener que activar un polémico procedimiento parlamentario en la Asamblea para adoptar esta reforma clave para el resto del segundo mandato de Macron, que culmina en 2027.

Conocido como artículo 49.3, este mecanismo permite al Gobierno superar el trámite en la Asamblea sin someter la reforma a votación.

En tal caso, la única manera de frenar su adopción es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el Gobierno, es decir, para destituir al Ejecutivo de la primera ministra Élisabeth Borne y obligar a Macron a tener que designar otro.

Politólogos y expertos legales han dicho que activar el 49.3 sería una «derrota» para el Gobierno y para el presidente francés, aunque logre con esto aprobar la reforma.

Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la ley. Por ahora, piden someterla a una «consulta ciudadana», al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.