«El Estado subsidia con 2,3 billones de pesos a 209 empresas exportadoras y 10 bancos»

Por Horacio Rovelli – Exclusivo para Conclusión

El plan estratégico del Estado está diseñado en el mensaje que acompaña al presupuesto general de la Administración Nacional, donde debe priorizar el gasto social como contención ante la incapacidad manifiesta de dar debida respuesta a la población, como lo demuestran los indicadores de pobreza e indigencia, el nivel de remuneración del trabajo, y la precariedad del empleo.

El presupuesto nacional 2023 que es la ley 27.701, es el plan anual de gobierno para el corriente año y, en ella, destina una parte significativa al pago de jubilaciones y pensiones que alcanza a 7.124.285 personas que perciben en el año 11,4 billones de pesos (el 37,25% del gasto total del presupuesto nacional), a lo que debe sumarse la modificación ampliatoria del gasto público de la ley 27.705, mediante la cual se crea el “plan de pago de deuda previsional”, que tiene por objeto el ingreso al sistema de quienes tienen la edad y no los aportes, por lo que del propio pago del haber se le deduce la cuota de la moratoria.

Es decir se trata de aproximadamente 740.000 personas que percibirán la jubilación mínima (de $ 58.600.- por mes en abril 2023) y el costo estimado por la Secretaría de Hacienda es de 0,4 billones de pesos para el año, con lo que el gasto previsional total consolidado pasa a ser de 11,8 billones (el 38,56% del gasto total, cuando el gasto previsional fue del 43,1% en el presupuesto nacional del año 2021, y del 41,2% en el del año 2022). Mas beneficiarios pero menor gasto proporcional de un presupuesto que también se reduce frente al PIB, para ser de este año en torno al 20% (en el año 2021 representó el 23,26% del PIB y en el 2022 la estimación preliminar es 22,3% del PIB).

Como si ese ajuste fiscal no fuera suficiente, dado que la cláusula de indexación de los haberes previsionales es por ingresos de la ANSeS y el salario promedio (RIPTE) del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación, que es menor que la inflación medida por el IPC del INDEC, el FMI le exige al gobierno nacional que “filtre” a los beneficiarios de la “moratoria”, no sabemos porque indicadores, pero si la finalidad que es que no ingresen todos los que le corresponde la ley.

TRANSFERENCIAS A FAMILIAS

En la ley 27.701 de presupuesto nacional 2023 se estima que el total de las transferencias a familias suman 3.140.249 millones de pesos (3,1 billones de pesos) que se conforma principalmente por:

4. AUH (Asignación Universal por Hijo) que comprende a 4.374.699 beneficiarios que perciben en el mes de marzo 2023, $11.465.-por mes cada uno y, con discapacidad, la AUH es de $ 37.336.- por mes. Anualizado conforma un gasto total de pesos 646.801 millones[1].
5. Las beneficiarias de la AUE (Asignación Universal por embarazo) que perciben $11.465 en marzo de 2023 y que se estima en 102.308 mujeres en el año, con un costo estimado de 7.038 millones de pesos
6. Ayuda Escolar a AUH, se trata de 3.669.723 estudiantes que perciben una ayuda escolar de $ 9.609.-, suma que anualizada significa 317.358 millones de pesos.
7. Existen otros subsidios como son las pensiones no contributivas para 1.133.415 personas discapacitadas para trabajar; 261.857 madres de 7 o más hijos; 46.993 pensiones otorgadas por el Congreso de la Nación; 28.916 pensiones a ex presos políticos y a combatientes de Malvinas; 47.681 seguro por desempleo; y 302.149 pensión universal para el adulto mayor ( PUAM)
8. Potenciar Trabajo: Están registrados 1.268.000 beneficiarios Perciben en marzo 2023 (se cobró el 5 de abril) a razón de $ 34.740.- por mes, la suma anualizada es de 528.600 millones de pesos.
9. Becas Progresar: Los beneficiarios perciben $9.000.- por mes (asciende hasta los $ 10.700.- para estudiantes de 5to años) y alcanzó durante diciembre de 2022 a 1.697.663 becarias y becarios en todo el país. El Nivel Obligatorio concentra la mayor cantidad de titulares con 924.484 (54,46 %). Lo siguen el Nivel Superior y Enfermería, que distinguen Nivel Universitario (con 412.120, 24,28 %) y Nivel No Universitario (con 270.079, 15,91 %), el presupuesto anual estimado de 162.000 millones de pesos
10. Asignaciones familiares: Ayuda escolar a 4.103.839 personas; asignación por cónyuge por 812.750 personas; asignación por 3.962.183 hijos; asignación por 303.381 hijos discapacitados; asignación por maternidad 72.028 beneficiarios; asignación por 20.914 matrimonios; asignación por 77.518 nacimientos; etc.
11. Políticas alimentarias: Comprende a 2.432.061 personas beneficiarias de la prestación alimentar (Prestación tarjeta); 15.261 comedores escolares a asistir; y 6.000.000 de personas vulnerables por asistencia alimentaria.
12. Prestaciones de salud: 1.110.747 personas beneficiarias del Programa Incluir Salud.

SUBSIDIO AL CAMPO

En cambio al campo se lo subsidia porqué no liquidó es su momento en tiempo y forma sus operaciones de ventas al exterior.

En septiembre 2022: Por $ 50.- por dólar (el precio era de $ 150.- que les pagó el BCRA por cada dólar ingresado), pero el Tesoro de la Nación le sumó $ 50.- más por dólar, por lo que percibieron $ 200.-), los exportadores liquidaron 8.143 millones de dólares: Por ende se genera una deuda del Tesoro de la Nación en una Letra intransferible colocada en el BCRA de $ 407.150 millones

El 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022.  Por $ 70 (el precio era de $ 170.- por dólar y el gobierno le pagó $60.- más para completar el  precio de $ 230 por dólar). Liquidaron 3.150 millones de dórales: Nueva deuda del Tesoro por $ 189.240 millones el 8 de abril y terminará el 31 de mayo para la soja y sus derivados. En cuanto a la inclusión de las economías regionales, el Ministro Sergio Massa comunicó que será del lunes 8 de abril hasta el 30 de agosto. Por $ 80.- por dólar (para que sea de $ 300.- por dólar), Se prevé, en principio que se liquidan 6.000 millones de dólares (Pero el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo afirmó que podrían llegar a liquidarse 9.000 millones de dólares), si contemplamos la tesis más conservadora sería un nuevo título de deuda por $ 480.000 millones de pesos

TOTAL: 1.076. 390 millones de pesos, suma que representa el 35% del total de las transferencias a las familias, por operaciones no liquidadas.

Es cierta la sequía, pero la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que preside el mentor ideológico de la medida, Gustavo Idígoras, demuestra lo que afirmamos

La diferencia es de 5.124 millones de dólares menos, que liquidarán con el nuevo precio.

Pero a su vez, la Dirección General de Aduanas informa que si bien los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas, sin embargo se trata de 209 empresas que no liquidan las divisas ante el BCRA y dejan el pago en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación.

En esa línea, la Aduana dicto la IG 07/2022 (DGA) estableciendo pautas a seguir en aquellos casos en que los Exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas estableciendo que, si se verificase el efectivo incumplimiento, el agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días (el Ministro Sergio Massa lo amplió a 30 días), proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución).

Desde Aduana-AFIP vienen denunciando penalmente por la no liquidación de divisas a empresas que se niegan a ingresarlas al país o simulan operaciones de comercio exterior. “En ese sentido, la última denuncia fue a la firma Rizobacter[2] por el no ingresó al país divisas por 17 millones de dólares, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior. La justicia penal económica investiga un posible delito de contrabando y realizo allanamientos”.

Es claro que el BCRA incumple con las medidas precautorias que establece el art. 17, inc. a) de la Ley N° 19.359 de Régimen Penal Cambiario (t.o. Decreto N° 480/95), donde la autoridad monetaria delega el seguimiento y supervisión de la obligación de los exportadores en las entidades financieras.

SUBSIDIO A LOS BANCOS

Los bancos lo que hacen es captar depósitos del público y en forma sistemática, gran parte, o se lo prestan al Estado en Letras del Tesoro (mayoritariamente los llamados bonos duales) o al BCRA en pases pasivos, Leliq y Notaliq

El problema es que el total de las inmovilizaciones (encajes remunerados) suma 11,98 billones de pesos. Y la tasa de interés vigente es de 72% para los pases pasivos y del 78% para las Leliq y Notaliq, son tasas nominales, por lo que la tasa efectiva (se renuevan varias veces en el mes) es mayor y supera el 100%.  Quiere decir que los bancos perciben en el año el doble de los encajes remunerados.

A eso debe restarse la tasa pasiva (la que le pagan a sus depositantes) de 71,93% promedio nominal anual para los plazos fijos a 30 días y de 71,31% la Badlar.  Por ende la ganancia de los bancos (spread) sin correr riesgo alguno ronda los 10 puntos en el año.  Esto es sobre la masa de encajes remunerados ($11,98 billones de pesos) los bancos perciben del BCRA un subsidio de 1,2 billones de pesos.

EN SINTESIS

Toda la asistencia a las personas del gobierno nacional (que es una de las razones principales porque no se produce el desborde social) se estima en el presupuesto en 3,1 billones de pesos.  Y el subsidio al campo (1,1 billones de pesos)  a lo que le sumamos los 1,2 billones de pesos a los bancos, representan el 75% de las transferencias a familias

La diferencia es que en la transferencia a familia se trata básicamente de los 18.679.605 de pobres y 3.859.816 millones de indigentes que informa el INDEC del año 2022, en cambio, esencialmente, los exportadores que reciben el subsidio son 209 empresas y 10 bancos privados.

Obviamente que se hace una particular lectura de nuestra Constitución Nacional para beneficiar a los que no lo necesitan y, ajustar todo lo que se pueda en el gasto social, cuando el gobierno debería ser el principal propiciador de la producción y el trabajo, como hubiera sido suspender el pago e investigación de la fraudulenta deuda externa; recuperar los puertos y el dragado y balizamiento del Río Paraná; estatizar Vicentin, Edenor y Edesur; emplear las Leliq para financiar la construcción de viviendas; y la de decretar la Emergencia Alimentaria garantizando el crecimiento con una progresiva distribución del ingre so que es lo que había prometido el Frente de Todos

[1] Desde el primero de marzo 2023 se aplicó un aumento al límite de ingresos de la AUH, que de 65.900 pesos. Dicho tope es equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente. De esta forma, la ANSeS evita que se produzcan bajas por falta de ajuste

[2] Rizobacter, que nació en 1977 y desde 2019 pertenece a Bioceres, una compañía argentina de tecnológica para agro que desarrolla semillas transgénicas y que cotiza en Wall Street, aseguró que fue sobreseído por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a comienzos de marzo y que no tiene deudas, demostrando una vez más el rol de la justicia argentina.