Condenan a 7 años de prisión al exsecretario de Dionisio Scarpin por abusar durante años de su sobrina
Se trata de Marcelo Galaz, quien este miércoles fue condenado a 7 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina, cuando la misma tenía entre 4 y 10 años.
Un tribunal de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó este miércoles un acuerdo entre partes y condenó a 7 años de prisión y al pago de un resarcimiento económico a un exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda por abusos sexuales a una sobrina entre sus 4 y 10 años.
El tribunal compuesto por Mauricio Martelossi, Norma Senn y Gustavo Gon condenó a 7 años de prisión a Marcelo Galaz, exsecretario del senador nacional Dionisio Scarpin cuando era intendente de esa ciudad, como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes y con acceso carnal, reiterados en número indeterminado de veces.
El caso estuvo salpicado por el escándalo y motivó que un auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitara la destitución del fiscal de la causa, Aldo Gerosa, por haber presionado y violentado a la víctima.
Con el acuerdo, que alivianó los cargos, Galaz evitó el juicio oral que lo exponía a 32 años de cárcel, por lo que el proceso fue criticado desde su inicio y puso en alerta al MPA, que le encargó al auditor Leandro Mai una investigación.
“Procede la sanción de destitución en el cargo”, dictaminó Mai, no obstante lo cual el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, que incluyó un resarcimiento de 6 millones de pesos a la víctima, que ya es mayor de edad.
Las fuentes indicaron que para posibilitar el acuerdo se aplicó el artículo 119 del Código Penal Argentino, que en sus párrafos segundo y tercero establecen una pena de entre de entre 4 y 10 años de cárcel por abusos sexuales gravemente ultrajantes, y de entre 6 y 15 años por acceso carnal.
Para evitar el juicio oral los abogados defensores y acusadores aceptaron quitar el delito de promoción de la corrupción, agravada por la guarda y la convivencia, y otros tres agravantes: la de grave daño a la salud, la convivencia preexistente y la guarda de la niña.
Galaz, durante la investigación, se mantuvo en prisión domiciliaria y recién este miércoles fue trasladado a una unidad penal.
En principio, el juez Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo con el argumento de que carecía de “libertad” para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, que había adelantado que haría una investigación sobre el caso.
Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, realizó a una radio de Rosario, en las que dijo que iban a “conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales” y anticipó que se investigaría “la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos”.