A 47 años de “La noche del apagón”: cuando obreros y estudiantes fueron torturados

El 20 de julio de 1976 –mientras el país se encontraba bajo una dictadura cívico militar– ocurrieron en la localidad jujeña de Libertador General San Martín una serie de secuestros, perpetuados por fuerzas armadas, seguidos de tortura y, en algunos casos, muerte. Las víctimas eran, mayoritariamente, estudiantes y trabajadores del ingenio azucarero Ledesma.

Este episodio, del que se cumplen 47 años, se conoce como “La noche del apagón”, ya que el mismo inició con los cortes de luz ordenados por la empresa Ledesma, para facilitar, mediante la oscuridad, el secuestro y traslado de las víctimas. Según testimonios, el silencio de las calles se vio interrumpido por frenadas, arrancones bruscos de autos, personas que abrían puertas a patadas y gritos.

De los operativos –que se venían realizando desde meses anteriores pero adquirieron mayor intensidad en la noche del 20 de julio– participaron las fuerzas conjuntas del Ejército, la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial.

El 20 de julio se montó un gran operativo en las ciudades de El Talar, Calilegua y Libertador, que incluyó cortes de energía eléctrica intencionales en todo el departamento de Ledesma y, en medio de la clandestinidad, esa noche fueron secuestradas –de sus viviendas y dentro del mismo ingenio– cerca de 400 personas, en su mayoría sindicalistas, maestros rurales, obreros y estudiantes.

Todas ellas fueron llevadas a centros clandestinos de detención, donde sufrieron torturas y vejaciones, en tanto que unos 33 secuestrados todavía continúan desaparecidos.

Los detenidos en Calilegua fueron alojados en la Seccional N° 41 y luego trasladados en vehículos de la empresa Ledesma y del Ejército a esta delegación de Gendarmería y a la Comisaría Nº 24, lugares donde se concentró a los secuestrados de las distintas localidades.

Tras recorrer otras unidades de detención ilegal, fueron llevados a una hostería en la localidad de Guerrero, donde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio que solo alojó detenidos vinculados con el Ingenio Ledesma y su zona de influencia, incluyendo a un grupo de estudiantes universitarios oriundos del departamento que habían sido secuestrados en Tucumán.

Numerosos testimonios coinciden en señalar la participación de personal jerárquico de la empresa Ledesma en los operativos de secuestro o en los lugares de detención.

Gran parte de los detenidos fueron a su vez derivados a otros centros ilegales de reclusión como el Departamento Central de Policía de Jujuy o el penal de Villa Gorriti, y en todos los casos fueron sometidos a torturas para ser luego liberados, alojados por años en cárceles comunes, asesinados o desaparecidos.

Años de idas y vueltas judiciales y la impunidad del dueño de Ledesma

La causa –por la que fue imputado el dueño de Ledesma, Carlos Blaquier, quien falleció el 13 de marzo de este año, y el administrador de Ledesma, Alberto Lemos– es emblemática porque expresa la responsabilidad civil y empresarial en el terrorismo de Estado, una de las mayores deudas del proceso de justicia en Argentina.

La represión a trabajadores, activistas y militantes vinculados con los procesos de organización en el ingenio Ledesma fue visibilizada y denunciada desde la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en 1984, y el juicio a las Juntas, en el marco del cual se escucharon testimonios conmovedores que denunciaron fuertemente el proceso represivo y el papel de la empresa.

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En términos del proceso de judicialización en el ámbito penal, Blaquier y Lemos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976.

El procesamiento fue confirmado en forma parcial en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ante la apelación de las defensas, la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, tomó el expediente en diciembre de 2013.

Los jueces se pronunciaron en marzo de 2015, dictando la falta de mérito en beneficio de Blaquier y Lemos. Al mismo tiempo que consideraron probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros, negaron en el fallo que pudiera considerarse probado que el dueño y administrador del ingenio hubieran conocido los fines para los que se usaron estas camionetas.

El 8 de julio de 2021 y luego de seis años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por mayoría el fallo de Casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales. El fallo tuvo los votos mayoritarios de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes sostuvieron que la decisión se “apartó en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia al considerar que se debía dejar firme la falta de mérito, y Ricardo Lorenzetti no votó.

Asimismo, el 14 de octubre de 2021 el juzgado federal 2 de Jujuy elevó a juicio oral y público la segunda causa que tenía como procesados a Blaquier y Lemos por crímenes de lesa humanidad.

El 1 de julio del 2022, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Jujuy que había dejado Blaquier fuera de un juicio oral por delitos de lesa humanidad a raíz de una supuesta “incapacidad mental sobreviniente” y ordenó que se realice un nuevo informe médico.

Sin embargo, quien supo ser presidente del ingenio Ledesma murió el pasado 13 de marzo, sin condena firme en las causas que lo vinculan por delitos de lesa humanidad.