Desde el Sindicato de Conductores de Moto aseguran que Milei les va a “sacar más derechos»

El secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto de la Argentina, Mariano Gastón Robles, rechazó este jueves que los trabajadores de las aplicaciones de deliverys repartan boletas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y analizó que ese dirigente busca «sacar más derechos».

El miércoles, Ramiro Marra, postulante a jefe de Gobierno porteño de LLA, pidió a los trabajadores de las apps como Rappi, PedidosYa, Didi o Uber que «colaboren» con su campaña llevando «las ideas de la libertad a cada puerta en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires», mientras realizan sus tareas de reparto.

En ese sentido, y en declaraciones formuladas a radio Provincia, Robles rechazó la convocatoria y expresó que desde ese gremio se vienen desarrollando asambleas en las que abordan con los trabajadores «las propuestas de cada candidato».

«Queremos que nuestros afiliados las lean, se interioricen y, a partir de ahí, decidan a quién votar en octubre. Entendemos que hay compañeros que, lamentablemente, votaron a Milei por las distintas situaciones que atraviesan. El planteo de los pibes es que ‘no tenemos nada'», remarcó Robles.

En ese sentido, el dirigente sindical afirmó que «llega tarde el recuerdo de que somos los desaparecidos laborales porque pasan los gobiernos y nunca se acuerdan de darnos el casco, el aguinaldo, y las vacaciones, u otras reivindicaciones que tienen los trabajadores en la Argentina».

«Milei nos va a sacar más derechos. Si un trabajador que no cuenta con obra social o se accidenta en una moto, no va a tener un hospital público en el que lo curen gratis.

Hay un avance de la derecha y si le sacan los derechos laborales a los compañeros ,que actualmente los tienen, el horizonte para los que no los tienen es aún más negro», reflexionó.

Así, Robles recordó que, desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, permitió «la desregulación de las app de deliverys y, en estos años, tampoco se avanzó mucho, más allá de algunas inspecciones realizadas con el Ministerio de Trabajo».

El dirigente sindical precisó que, en la Argentina, se estima que hay en total unos 80.000 trabajadores de reparto por aplicación, a quienes no se les reconoce la relación laboral, por lo que no cuentan con algunos derechos como salario básico garantizado, ni ART, ni obra social.

«Son empresas que hacen propaganda en la tele todo el tiempo, pero no tienen lugares físicos a los que ir a reclamar sueldos porque son aplicaciones. Es decir, son fantasmas inscriptos como empresas informáticas. Pero nos damos cuenta tarde de que esto pasa y nos explota en la cara», describió.

A posteriori, aseveró: «No estamos regularizados, pero somos unos de los gremios más grandes del país. El Gobierno tiene que darse de cuenta de que nos tiene que dar bola, nos tienen que regularizar y ser trabajadores».

«Pregunten a cualquier repartidor si no quiere tener recibo de sueldo, aguinaldo o bono. Todos van a decir que sí. Los chicos trabajan 12 o 14 horas por día, poniendo sus herramientas de trabajo, pagando la nafta y el aceite, lo que se rompe de la moto. Si chocan, están parados 15 días y los compañeros hacen vaquita para que su familia pueda comer», ejemplificó.

En ese sentido, Robles indicó que «Milei es un desastre» y se preguntó: «¿Qué hicimos mal para que los chicos lo estén eligiéndolo?»

«Hubo voto bronca en las PASO, pero ahora muchos de nuestros afiliados lo están recapacitando. No sé qué harán en el cuarto oscuro, pero están entendiendo. Hay que explicarles a los compañeros cuáles las propuestas de Milei, que quiere que nunca más tengas derechos y, los pocos que tenés, te los va a sacar», sostuvo.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que las empresas de apps se vayan del país ante el intento de crear un registro de trabajadores, Robles alegó que «las aplicaciones dicen que, si se las regula, se van» y afirmó que, si eso pasara, «se armarían cooperativas» para mantener los puestos laborales.

«Ellos (las empresas de aplicaciones) son las que se tienen que adaptar a las leyes del país, no el país a esas empresas», puntualizó.