Gervasio Muñoz: «Es la inmobiliaria la que decide quien puede alquilar o no y el Estado se borró»

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

En el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, distintas organizaciones de inquilinos  cuestionaron la propuesta de la oposición de volver a los dos años de duración de los contratos con indexación cuatrimestral de los precios y que no se establezcan indicadores fijos para los ajustes.

Los afectados, sostienen que no se puede dejar librado un aumento por acuerdo entre las partes, dado que los tenedores de inmuebles tienen capacidad para exigir condiciones y en los hechos, ante la laxitud de la normativa, terminarán sometidos a los términos que impongan los propietarios. Esto impulso una serie de denuncias en las que sindican los abusos de las inmobiliarias y ausencia de control al cumplimiento de la ley 27.551, que entró en vigencia desde junio del 2020 y no tuvo los resultados esperados por causa de la inflación. .

El Frente de Todos impulsa una reforma que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres, conforme indicadores fijos, formula que negocia con los senadores del bloque Unidad Federal y con los sena doresAlberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.

Por su lado, Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes hacia el final del plenario de comisiones, pero la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene a fin de poder «acercar posiciones» dentro del interbloque oficialista y con «otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto».

Por Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, apuntó los cañones contra las inmobiliarias por la falta de cumplimiento de la ley de Alquileres.

«Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar», fustigó, y criticó al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, por no asistir al Congreso para dar su punto de vista sobre la problemática, que es de incumbencia de la cartera que conduce.

También. Muñoz lamentó que en la reunión informativa de ayer hayan concurrido «todos empresarios y ningún propietario» para exponer, cuando refirió: «Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina», protestó.

El referente de los inquilinos, relató a los legisladores cómo fue agudizándose el drama del acceso a la vivienda en el país conforme fueron pasado los años., en términos de número apuntó que «en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. En 2001, 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010, casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022, 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena», se quejó.

Para el titular de Inquilinos Agrupados, no hay un problema estructural con la ley actual, y pidió mantener la normativa con el Estado velando por su efectivo cumplimiento, «el problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja», apuntó.

Según dijo, «las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen».

Bloque Juntos por el Cambio

«Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley», destacó.

Finalmente, aseguró que «la media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos» y criticó especialmente la incorporación de los pagos adelantados, como el hecho de quitar la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos ante la AFIP.»Es una barbaridad. La actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales», remató.

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