Aprobaron ordenanza que regula actividad de chatarrerías para evitar la venta de cobre y bronce robado

El Concejo Municipal de Rosario aprobó, en la sesión de este jueves, una ordenanza que establece obligaciones para las empresas y las personas que vendan o compren materiales no ferrosos, como cobre o bronce, con el fin de profundizar los controles en las chatarrerías ante el robo de cables y picaportes en domicilios de Rosario.

La iniciativa fue presentada por el concejal Miguel Ángel Tessandori y busca establecer controles en la comercialización y trazabilidad de las operaciones de compraventa de materiales no ferrosos.

La ordenanza –que contó con el Valeria Schvartz, Marcelo Megna y Carlos “Charly” Cardozo– busca dar una solución a “los hechos reiterados de delitos de robo y vandalismo de objetos de metales como el cobre y bronce”.

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De esta forma, quienes compren o reciban metales no ferrosos por parte de recolectores y recicladores deberán identificar a los vendedores de dichos materiales mediante el registro de un documento que acredite la identidad o personería, en caso de que sean personas jurídicas. Estos documentos deberán ser resguardados por al menos dos años.

La flamante ordenanza utiliza como unidad de medición los módulos tributarios, que según el decreto Nº 0229 emitido por la Municipalidad de Rosario en febrero pasado, equivale a $53,50.

Asimismo, la copia de los documentos deberá guardarse en aquellas operaciones equivalentes o superiores a 600 módulos tributarios, o sea, $32.100. Cuando se trate de cables de servicios públicos –como telefonía o iluminación–, placas de bronce, cruces o elementos religiosos, flexibles de cobre de los medidores domiciliarios de agua o placas de porteros eléctricos también deberá demostrarse el origen lícito de los mismos, aunque esta indicación se verá exceptuada en caso de que los vendedores sean empresas constructoras o de demolición.

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Cuando las operaciones equivalgan a 2.000 módulos tributarios ($107.000), las mismas deberán ser bancarizadas. Asimismo, se plantea que los materiales adquiridos deberán permanecer en guarda por un mínimo de tres días “a disposición de las autoridades aplicación, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales”.

Los empresarios o las personas que compren el material no ferroso deberán registrar la patente del vehículo en el que se transportaron los insumos.

La Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario será el organismo encargado de controlar la correcta aplicación y funcionamiento de esta ordenanza.

El Poder Ejecutivo local, en tanto, deberá suscribir convenios con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), para compartir la información que se recabe y para la realización de inspecciones y controles de manera coordinada.

“El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ordenanza provocaran la clausura del establecimiento, sin perjuicio de las denuncias penales si correspondieren”, concluye el proyecto.