No obtuvo dictamen el proyecto de ley para crear el área marina Agujero Azul

El proyecto de ley que crea el Área Marina Protegida Bentónica «Agujero Azul», ubicada sobre un sector del Atlántico Sur, no obtuvo dictamen luego del plenario de las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación que se realizó este martes.

Tras escuchar los testimonios de los ministros de Ambiente, Juan Cabandié, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que dieron su visto bueno a la iniciativa, la opositora Gladys González, quien presidió el encuentro, pidió pasar a la firma el proyecto que, de no ser aprobado por la Cámara alta, perderá estado parlamentario dentro de un mes.

En ese momento, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista riojano Ricardo Guerra, hizo uso de la palabra para anunciar que el Frente de Todos no iba a firmar el dictamen y mencionó «dudas» dentro del bloque oficialista.

«Hay algunos aspectos breves que desde nuestro bloque se quiere terminar de dilucidar y es nuestro compromiso que en el transcurso de una semana se salde esa evacuación de dudas para proceder con la firma del dictamen», argumentó Guerra.

Entonces, González volvió a tomar la palabra para indicar que, de todos modos, ponía a la firma el dictamen y que, los que estuvieran de acuerdo, firmaran y los que tenían dudas podían hacerlo más adelante.

No obstante, el proyecto, esta tarde, sólo se llevó las firmas de los integrantes de Juntos por el Cambio que estuvieron presentes en el Salón Illia.

Antes de la discusión metodológica, los ministros Filmus y Cabandié dieron el visto bueno a la iniciativa que había sido impulsada originalmente por la diputada peronista disidente Graciela Camaño, y aprobada por la Cámara baja en julio del año pasado.

«La soberanía que debe ejercer la Argentina sobre su plataforma es fundamental», aseveró Filmus, y recordó que la creación de la nueva área marina forma parte del Programa Pampa Azul y que «fortalecerá la presencia de la Argentina en el área».

Además, mencionó que «en otros lugares del mundo la regulación de las columnas de agua o fondo marino se hace mediante un organismo que incluye a países que tienen costa sobre el océano» y comentó que «Argentina está imposibilitada de ejecutar esa forma de regulación por la presencia del Reino Unido en la zona».

«Por eso, este mecanismo es la única forma que tiene la Argentina para regular, controlar y resguardar los recursos bentónicos de esta zona», añadió.

Cabandié, a su turno, aclaró que «no hay pretensión de limitar o eliminar cuestiones productivas» dentro del Área Marina Protegida», tras lo cual enfatizó que «el área de pesca del Estado nacional está a favor de esta ley porque permitiría la alimentación de nuestra fauna ictícola que mayormente exportamos».

«Por eso es sumamente importante resguardar esta zona. Esto es el inicio de una regulación que nos permite derechos sobre áreas extendidas», sentenció.

El proyecto establece que la nueva área protegida se constituya bajo la categoría de «manejo de Reserva Nacional Marina Estricta, en lo que corresponde a las actividades relacionadas con la plataforma continental».

En ese sentido, establece que «el Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación, se incorporará al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas».

Además, en una cláusula transitoria, se establece que ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes.

Juan Cabandié

La nueva zona protegida abarca un área de la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, con una superficie de 148 mil kilómetros cuadrados y cuyos límites están definidos al norte por el paralelo 43°15″S, al sur por el paralelo de 47°30″S, al oeste por el límite de la zona económica exclusiva argentina y al este por el meridiano 56°15″ oeste.

El área se localiza en su totalidad en la Plataforma Continental Argentina, más allá de las 200 millas marinas donde el país, según las normas internacionales, no tiene autoridad para imponer un orden pesquero, pero sí responsabilidad.