Juicio por el crimen de Rafael Nahuel: la querella pidió perpetua para los cinco prefectos acusados
Esta tarde también deberá exponer el fiscal del caso, mientras que la semana próxima será el turno de los abogados defensores de los prefectos. Estaba previsto que el 22 de noviembre se lea el veredicto del caso, pero la resolución podría demorarse unos días.
La querella de la familia de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en noviembre de 2017 en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, solicitó este miércoles la prisión perpetua para los cinco integrantes del grupo Albatros involucrados en el crimen y pidió que se incorpore a la causa el agravamiento por “odio racial” y que se considere como un caso de “violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado”.
Así lo expresaron los abogados de la familia, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, en el alegato que pronunciaron durante la mañana de este miércoles en el marco del juicio oral y público que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca.
En su exposición, los abogados ratificaron el pedido de prisión perpetua para los acusados, al igual que lo hizo este martes la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y además pidieron el agravante de “odio racial” en la causa.
Asimismo, solicitaron que el caso se trate como uno de “violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado”, al considerar que “el crimen no hubiera sido posible sin un contexto político de criminalización del pueblo mapuche como un enemigo interno durante el gobierno de Mauricio Macri”.
En su alegato, que terminó con aplausos en la sala de audiencia, Marigo solicitó que el veredicto sea leído en la ciudad de Bariloche, como “una forma de reconocimiento y de dejar de denegarle justicia a la familia que se ve obligada a viajar 500 kilómetros sin recursos para hacerlo”.
Antes del alegato, habló ante el Tribunal Graciela Salvo, la mamá de Rafael Nahuel, quien se lamentó de “no haber podido ver a los ojos a los asesinos” de su hijo, ya que los acusados participan de la audiencia vía zoom.
“Quiero que estén presos condenados a cadena perpetua, ellos vinieron y le arrebataron la vida y me lo entregaron en un cajón, pero no tuvieron la valentía de venir acá”, expresó la mujer.
En segundo término, realizará este miércoles su alegato de clausura el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
En relación a su postura existen dudas: es una incógnita si sostendrá la decisión de la fiscal que participó de la instrucción que incluyó el atenuante de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa” o si por el contrario se adhiere a la postura de las querellas de reclamar una condena solo por homicidio agravado.
El martes, las dos primeras querellas que presentaron sus alegatos –la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH Bariloche– pidieron prisión perpetua para los cinco acusados, al considerarlos culpables del delito de “homicidio agravado en concurso real con tentativa de homicidio agravado”.
La próxima semana llegará el turno de los alegatos de las dos defensas que representan a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa –el abogado Marcelo Hugo Rocchetti– y Ramón Obregón y Sergio García, quienes son defendidos por las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti.
Según pudo saber la agencia de noticias Télam, solicitarán la absolución de sus defendidos basándose en las contradicciones de las pericias balísticas y en la imposibilidad de determinar la procedencia del disparo mortal que acabó con la vida de Nahuel.
De acuerdo con lo constatado en las pericias balísticas, que fue reiterado por las querellas, los uniformados dispararon unas 151 veces con munición de plomo utilizando dos tipos de armas: pistolas Beretta 9 milímetros, y subfusiles MP5.
En principio está previsto que el 22 de noviembre el TOF lea el veredicto del caso, aunque el presidente del Tribunal, Alejandro Silva, adelantó que podría postergarse debido a las nulidades planteadas por la defensa.
Rafael Nahuel fue asesinado el 25 de noviembre de 2017, cuando integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina –dependiente del Ministerio de Seguridad que en ese momento comandaba Patricia Bullrich–realizaron un operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro, dispuesto por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva.