Dictaron seis años de prisión para el dueño del bar en el que murió una joven
Lucía Costa Osores, de 18 años, fue junto a un grupo de amigos al local gastronómico, donde una moza apoyó un bidón de alcohol cerca de un adorno que tenía fuego, provocando un incendio.
El Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín condenó a seis años de prisión y diez de «inhabilitación para ejercer actos de comercio» al dueño del bar Zar, de la localidad bonaerense de San Miguel, donde en octubre de 2020 murió Lucía Costa Osores, de 18 años, luego de sufrir graves quemaduras tras la explosión de un brasero que se encontraba como centro de mesa.
La sentencia, que se dio a conocer este mediodía, condenó a «Carlos Eduardo Oliveiro de las demás circunstancias personales de autos aplicándole la pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para ejercer actos de comercio, por sí o por interpósita persona, con costas y accesorias legales por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas leves y graves».
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La justicia también decidió «hacer lugar al pedido de la fiscalía y los particulares damnificados», y ordenó «la inmediata detención» del imputado «conforme los fundamentos expuestos» durante el proceso judicial.
La sentencia expresó que Oliveiro violó «las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia, hechos ocurridos en la noche del día 9 de octubre del 2020 dentro del comercio de nominado bar Zar», en referencia al «decreto de necesidad y urgencia 754/2020 en materia Covid 19 publicado en Boletín Oficial del 20 del 9 del 2020».
Explosión, muerte y heridos al estallar un centro de mesa en una cervecería de San Miguel. La fiscal Tamara Vaisman imputó a la mesera, al encargado y al dueño del local. Los notificaron del inicio de la investigación por homicidio culposo. pic.twitter.com/FdOUqIqV6G
— Vía Szeta (@mauroszeta) October 11, 2020
Durante la lectura del fallo del tribunal, ante una sala colmada de familiares y amigos de la joven, Costa Osores, se informó el «veredicto absolutorio sin costas» respecto de Marina de Los Ángeles Ramírez, que era la encargada del turno en el local gastronómico al momento del hecho.
La noche del 9 de octubre de 2020, Lucía Costa Osores, de 18 años, fue junto a un grupo de amigos al local gastronómico, ubicado en la calle Paunero 1189 del partido bonaerense de San Miguel, y antes de tomarles el pedido, una mesera se acercó, apoyó un bidón de alcohol cerca de un adorno que tenía fuego, provocando una explosión y posterior incendio.
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El episodio quedó registrado en un video en el que se advierte cómo la empleada, junto a la mesa de los adolescentes con una botella o bidón, vuelca el líquido en un envase más pequeño y en cuestión de segundos se produce una explosión que incendia el salón.
Como consecuencia del siniestro, seis adolescentes resultaron con heridas de consideración «leve», otros tres con traumatismos graves y Lucía Costa Osores, que había sido trasladada al hospital Larcade de San Miguel, murió horas después.
Al principio del proceso judicial se había pedido imputar a Priscila Lucca, la mesera que recargó el centro de mesa, pero debido a distintas diligencias que pidió su defensa, y ante el paso de los días previstos para la suspensión de un juicio ya iniciado, la jueza Carolina Rubarth resolvió apartarla para no entorpecer el proceso, y está previsto que sea juzgada sola en 2024.
El debate oral comenzó el pasado 8 de septiembre con la declaración de seis testigos, y se desarrolló tal como estaba previsto, hasta el 6 de octubre cuando la defensora oficial de Priscila Lucca (que reemplazó a su abogado particular) interpuso un recurso para que la que en aquel entonces mesera que desencadenó el incidente, sea sometida a una pericia psicológica por considerar que no está en condiciones de afrontar el proceso.
Una vez que los peritos realizaron los exámenes y se resolvió que sí estaba en condiciones de ser juzgada, la defensa volvió a solicitar otras medidas, lo que provocó que se pasara otra vez a un cuarto intermedio, y en ese momento Rubarth tomó la decisión de sacarla del juicio.
Las restantes audiencias continuaron con los testimonios previstos hasta que la semana pasada tuvo lugar la audiencia de alegatos, donde la fiscalía pidió 7 años de prisión; la querella cinco y la defensa de ambos acusados, la absolución.