Vicentín: tras cuatro años del default, comenzó el juicio a los directivos de la cerealera y pidieron hasta 17 años de prisión

El fiscal Miguel Moreno, titular de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, presentó formalmente este viernes la acusación contra los integrantes del directorio de la agroexportadora Vicentín. El titán de los cereales, que tras múltiples préstamos irregulares de montos multimillonarios, se presentó a sí misma en “estrés financiero” y entró en concurso de acreedores un año después. Esta situación se transformó en la estafa más importante de la historia de la exportación de granos, con un pasivo de 1500 millones de dólares que hasta incluso impulsó acciones judiciales en los tribunales de Nueva York.

Las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y en mayo de éste año fueron ampliadas en la presentación se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial, la cual tiene 532 páginas y detalla los nombres de los ejecutivos que estaban conduciendo el destino de la única cerealera de firma nacional en el país, y la más grande empresa procesadora de granos de América del Sur.

Los fiscales pidieron prisión para Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años).

Además, Moreno pidió penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG, que ofició como auditora de los balances de Vicentin en su momento, y pidió tres años de prisión para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut. Estos últimos tres fueron puestos en la mira ya que la fiscalía interpretó que sin su colaboración, los delitos de asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, defraudación, estafas y administración infiel no podrían haber sido posibles.

En la imputación realizada en mayo, Moreno acusó a los mencionados de planificar una simulación sobre los estados financiero y contable, pretendiendo un buen rendimiento ante las autoridades estatales, “conseguir líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”. A su vez, el directorio llevó adelante una administración infiel del capital de la empresa fugando sus divisas a través del entramado de empresas vinculadas.

Además, el fiscal a cargo de la investigación denunció que desde los controles de la cerealera se pergeñaba un plan para mostrar a la empresa como solvente y confiable para acopiar los granos de los vendedores, los cuales fueron entregados en comodato con precios a fijar y con pago a posteriori de realizar las operaciones de exportación “con el pleno conocimiento de los directores y síndicos sobre la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Según el fiscal, esta estructura delictiva comenzó a operar en el año 2017 con la aparición de los primeros problemas económicos de la empresa, los cuales no fueron notificados a los proveedores y a los prestamistas de Vicentín.

El decálogo de delitos apuntado por el fiscal apunta seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, contra los bancos internacionales, con un perjuicio de u$s 500 millones y 37 hechos de estafa contra productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, uno de ellos contra el Banco Macro fundamentado en la entrega de documentación con información contable falsa.