MARTES, 26 DE NOV

Usuarios de prepagas denuncian aumentos de más del 100% en las cuotas

El mega DNU de Milei libera los precios de las empresas de cobertura médica, por lo que algunas compañías ya enviaron facturas con incrementos del doble o hasta el triple con respecto a diciembre. Por su parte, desde el sector aducen un importante retraso en las tarifas.

Por Guido Brunet

Luego del megadecreto lanzado por el presidente Javier Milei en el que liberó los precios de las empresas de medicina prepaga, las compañías comenzaron a informar que las cuotas tendrán un fuerte aumento que se aplicará sobre el valor de diciembre de 2023, y se espera otro similar para febrero.

De hecho, se planteó un consenso entre las prepagas de aumentar un 40% en enero, y un 20 o 30 por ciento en febrero. Fuentes del sector mencionan aumentos superiores que rondan el 50%.

Sin embargo, algunos usuarios denunciaron incrementos que superan el 100%, incluso algunos llegaron a la exorbitante cifra del 250 por ciento. El último es el caso de Swiss Medical, empresa propiedad de Claudio Belocopitt, quien, a su vez, es el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS). Clientes rosarinos señalaron su preocupación, ya que, en los planes más altos, pasaron de pagar 100 mil pesos a 350 mil pesos para dos personas.

Por su parte, en Medifé el incremento supera el 100%, al pasar de 65 mil por un plan familiar a 130 mil. En tanto, algunas otras compañías se mantuvieron en el rango del 40%, como Avalian, que aumentó un 42% en enero, mientras que Prevención Salud un 33,7% en enero y se espera un incremento del 6% para febrero.

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Una de las personas que denunció públicamente esta situación es la abogada y militante justicialista Graciana Peñafort, quien expuso en la red social X: “Acaba de llegarme la factura de Omint, por una sola persona 150.581 pe” (sic).

Al comentario le llegaron algunas respuestas de otros usuarios de la red, que manifestaron, por ejemplo: “Medifé $166.000, en diciembre estaba en 89.000” o “a mí me llegó $480.000. Tres personas”. Al tiempo que otra persona indicó: “OSDE igual… mi suegra paga $147.000”.

“El tema va a ser cuántos afiliados se van a empezar a caer de las prepagas, que están empezando a ofrecer planes de menor costo para poder atemperar esa caída”, analizó Dardo Dorato, director de AMR Salud, en diálogo con Conclusión.

 

Los que van a quedar en mejores condiciones para enfrentar esto son las grandes empresas. Los que tienen arriba de un millón de afiliados cuentan con otra espalda financiera para soportar, incluso, costos a la baja. La duda es si se va a dar un fenómeno de concentración tal que va a hacer que desaparezcan muchas prepagas, eso está por verse”, agregó.

Otro de los grandes problemas del sector es el aumento de medicamentos y el atrasado pago a los profesionales de la salud. “Hace tres años, el presupuesto para medicamentos era del 16%, hoy está arriba del 34, y subiendo. Entonces, esto limita recursos para otro tipo de prestaciones, por ejemplo, el pago a los médicos”, graficó.

“Nosotros lo que queremos es que a los médicos se le pague lo que corresponde, y que no se les abone a los 90 días, tienen que cobrar rápido”, completó el dirigente de la sanidad. Todo esto suma tensión a un sistema que ya de por sí tiene serias dificultades, que aglutina a, aproximadamente, un 12% de la población santafesina.

De congelar a liberar

Bajo las nuevas disposiciones de la actual gestión nacional, de acuerdo al DNU, ya no habrá limitación por parte del Estado para aumentar los montos de las cuotas de las prepagas, ni se establecerán porcentajes máximos de incremento en los servicios de salud privada.

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Por lo tanto, en este nuevo escenario, las empresas de medicina prepaga tienen la libertad de fijar precios diferenciados de acuerdo a la edad de cada afiliado al momento de la contratación del plan, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria.

Anteriormente las empresas de salud ajustaban sus tarifas de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Salud o la Superintendencia, con incrementos sujetos a límites específicos en cada situación.

Precios desfasados

Durante 2023 el costo de la medicina prepaga aumentó un 85%, frente a una inflación que superaría el 200 por ciento, lo que marca un notorio desbarajuste tarifario. Así, en los primeros dos meses del año, el precio aumentará casi lo mismo que en la totalidad del año pasado.

Desde las empresas aducen que “no es la medicina prepaga lo que aumenta, sino los insumos que componen el sistema”, ya que aseguran que en los primeros 15 días del mes de diciembre, el promedio de aumento de medicamentos fue del 43%, con otros insumos que treparon hasta 130%.

Amparo colectivo

A raíz de los importantes aumentos, el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal 3, a cargo de Juan Rafael Stinco, admitió tramitar un amparo colectivo contra DNU para el segmento de prepagas.

Un dato curioso es que a esa presentación se suma una medida cautelar de un juez, Maximiliano Alberto Ceballos, del Fuero Contencioso Bonaerense, a quien le llegó un incremento del 40 por ciento en la cuota de Swiss Medical.

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En la presentación se detalla que «las reformas tienen serios vicios de inconstitucionalidad, no solo en cuanto a la forma (DNU), sino también en cuanto al fondo (violación de los derechos de los consumidores con jerarquía constitucional, principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos -y el consumo lo es-)«.

La acción, además, pide que se cite como tercero interesado al Ministerio de Salud de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto firmado por Milei, que modificaron y derogaron ejes centrales que regulan la actividad. Con el inicio de la feria judicial, el autor de la presentación pidió que se habilite la instancia para tratar el caso, y el juez Juan Pablo Augé decidió hacer lugar a la solicitud.

 

Según datos del Indec, un 60% de la población argentina cuenta con prepaga u obra social (incluido Pami), esto equivale a un universo de  27.787.124 personas (60,9%), mientras que 16.317.432 (35,8%) dependen exclusivamente del sistema público.

Resta conocer qué cantidad de usuarios podrán soportar estos incrementos o si, en cambio, deberán optar por planes más accesibles o, en su defecto, dar de baja el servicio y trasladarse a una obra social o directamente pasarse a la salud pública.

 

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