Con nombre y apellido: quiénes ganan con los cambios en leyes ambientales que plantea la Ley Ómnibus
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial expuso un listado de funcionarios y empresarios que se verían beneficiados directamente si avanzan las reformas planteadas por el Ejecutivo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y el proyecto de la denominada «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» plantea una amplia serie de cambios y derogaciones vinculadas a la legislación ambiental vigente. Dichos artículos fueron uno de los ejes de discusión en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial expuso con nombre y apellido quiénes serían los grandes beneficiarios de este paquete de reformas.
El referente de la Asociación de Abogados Ambientalistas -e integrante del colectivo mencionado- Enrique Viale, participó el pasado lunes del debate desarrollado en el Congreso y advirtió un fuerte retroceso en la discusión pública, ya que hasta hace poco se estaba impulsando el tratamiento de una Ley de Humedales y actualmente pasaron a tener que defender normativas básicas de protección de los recursos naturales del país.
«Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a debatir el XIX. Estabamos viendo si sacábamos una Ley de Humedales y volvemos a analizar leyes de hace 10 o 15 años, como la Ley de Bosques; la Ley de Glaciares. Son cosas básicas», lamentó Viale, quien resaltó que, todo el análisis del capítulo ambiental no deja de lado que, en primer lugar, «el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus son manifiestamente inconstitucionales».
Tal planteó el abogado, dichas iniciativas violan el acuerdo de Escazú -un pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe- y van en contra de la geopolítica mundial, cuyos debates están orientados en sentido inverso.
«Esta ceguera ecológica nos va a salir muy caro, incluso económicamente. El mundo va por otro lado. La Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carne y granos de lugares con desmonte y acá cambiamos la Ley de Bosques. Todas las discusiones internacionales están marcadas por los debates ambientales», explicó.
«No es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo, ese que alienta este proyecto de Ley Ómnibus», agregó el referente del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
Viale además llamó a la reflexión generalizada de los legisladores, que no pueden ignorar los estragos que ocasionó la mala aplicación de la normativa vigente y la falta de legislación específica para defender los recursos naturales. En esa línea, puso de ejemplo los meses que Rosario padeció el humo de la quema de los humedales y la realización de los carnavales en Corrientes entre una humareda «naturalizada». Estos escenarios -apuntó- deben ser combatidos con mejores leyes, no con la anulación de los pasos ya transitados hacia un esquema legal de mayor protección.
???? NECESITAMOS LEYES PARA EL SIGLO XXI Y NOS LLEVARON AL SIGLO XIX
???? El proyecto de #LeyOmnibus profundiza los modelos de maldesarrollo que nos trajeron hasta esta situación. #SalvaALasLeyesAmbientales
✍???? Escribile a los legisladores en https://t.co/gys7CfGVqy pic.twitter.com/cGN2CWCwdS
— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) January 16, 2024
Ningún movimiento inocente: ¿quiénes ganan mientras el país pierde?
En su exposición, Viale brindó un listado con nombre y apellido de las personas y empresas que se benefician con la modificación o derogación de las leyes ambientales. Allí aparecieron actuales funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo; el ex presidente Mauricio Macri; y le mayor terrateniente del país, Eduardo Elsztain -también propietario del hotel Libertador, donde el mandatario Javier Milei se hospedó hasta que decidió mudarse a Olivos-.
«Este proyecto tiene nombres y apellidos. Cabe recordar que ya perdimos 8 millones de hectáreas -que equivalen a una provincia como Entre Ríos- desde que se autorizó la soja transgénica. Hubo desmontes por eso. El cambio de la Ley de Bosques, por su parte, tiene detrás el nombre de Eduardo Elsztain, dueño del hotel donde el presidente estuvo alojado hasta hace poco, propietario de la firma Cresud y el mayor terrateniente de Argentina con casi un millon de hectáreas», expuso el abogado ambientalista.
«¿Saben cuánto desmontó ya Cresud-Eduardo Elsztain-, el que pide que se cambien la Ley de Bosques a su medida, como está planteado en la Ley Ómnibus? 120.000 hectáreas, lo que es 6 veces la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene para desmontar en su finca Los Pozos, en Salta, que está protegido por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley las va a destrozar. Es un proyecto a medida de Eduardo Elsztain», remarcó.
En esa sintonía, señaló que otro beneficiario sería el expresidente Mauricio Macri. «A través de Socma, en la Finca «El Yuto» ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar la zona amarilla -que es lo que quiere cambiar de la ley, para desmontar 10.000 hectáreas. Este proyecto también es a medida de el», apuntó.
El actual ministro de Economía Luis Caputo también apareció en el listado que aportó Viale en el plenario de comisiones. Según dijo el abogado, el funcionario ya desmontó 500 hectáreas en Santiago del Estero y tiene miles más para hacer lo mismo si avanzan estas iniciativas.
Por otra parte, al hacer foco en la Ley de Glaciares, identificó a la empresa transnacional Barrick Gold. «Pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a la reforma la vienen pidiendo hace años y ahora aparece escrita tal cual lo solicitan los abogados de esa empresa», advirtió.