Jueces rechazaron traspasar la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires: “Es inconstitucional”
El juez Marcelo Gallo Tagle expuso ante un plenario de la Cámara de Diputados y dijo que el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires iría en contra del federalismo y de la división de poderes.
- Judiciales
- Ene 17, 2024
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reiteró este martes, ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, contemplado en la Ley Ómnibus, es “inconstitucional”.
Así lo manifestó el juez Marcelo Gallo Tagle, ex presidente de la Asociación y actual prosecretario, durante una acotada exposición de unos 12 minutos ante el plenario.
“Son numerosos los argumentos jurídicos y políticos que llevan a la inconstitucionalidad de este pretendido traslado. La jurisdicción no es un simple servicio público, sino que constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado, que se integra con el gobierno federal y los gobiernos provinciales. La Ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como gobierno autónomo, carece de autonomía institucionalidad”, señaló Gallo Tagle.
Y agregó: “Lo que se está defendiendo es el respeto de la independencia judicial y la división de poderes. No parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por el traspaso”.
Además, remarcó que la eventual aplicación de ese traspaso completo –que el proyecto de ley emplaza en tres años– perjudicaría aún más el funcionamiento del Poder Judicial.
“Se alargarían los procesos, debería intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que se crearía una cuarta e innecesaria instancia”, explicó.
Y añadió: “No hay plata para hacer este trabajo. Hoy la Justicia Nacional funciona con el aporte de las provincias. Al hacerse el traslado y el traspaso de la Justicia, ¿se va a hacer con el aporte de las provincias al presupuesto nacional? No creo que esto sea así, y que se traspase el dinero de las provincias a la Ciudad de Buenos Aires”.
“Nos preocupa la delegación de facultades porque se instruye al Poder Ejectuivo a impulsar todos los actos y suscribir acuerdos para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años”, indicó el magistrado.
Para robustecer su postura, citó un artículo escrito por el actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en el diario La Nación del 30 de diciembre de 2016, en el que sostuvo: “Pareciera ser que los argentinos hubiésemos caído en el vicio de no cumplir con las leyes, ni siquiera cuando se trata de la Fundamental, la Constitución Nacional. Esto es lo que ocurre con el proyectado traspaso de la denominada justicia nacional de la Capital Federal a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Gallo Tagle citó a Barra, quien postuló que “los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires no son provinciales simplemente porque la Ciudad no es una provincia”.
En ese momento, le pidieron que “redondeara”, cuando apenas llevaba poco más de seis minutos de exposición. Menos de dos minutos después, Gallo Tagle anunciaba que la AMFJN presentaría un documento porque el tiempo asignado a su exposición era muy escaso y en esas circunstancias le cortaron el audio del micrófono.
Tras un momento de tensión, el micrófono fue nuevamente habilitado y el juez pudo concluir a las apuradas con su explicación sobre la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley ómnibus.
Con el traspaso o la transferencia de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los conflictos que se susciten en esta última ciudad pasarán a ser resueltos por su propio Poder Judicial, por sus jueces, sus defensores, sus fiscales y sus asesores tutelares, tal como sucede en todas las provincias del país.
Actualmente, la Justicia de la Capital Federal sólo puede resolver conflictos vecinales, contravencionales, de faltas, contencioso administrativas y tributarias locales, mientras que los demás delitos se tratan en la jurisdicción nacional.