Bullrich anunció que cobrará el operativo en el Congreso y la Justicia le pide explicaciones
El juez Casanello solicitó a la ministra brindar información acerca de la aplicación de la normativa que evita el corte de las vías de circulación.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la causa en la que se pide la «inconstitucionalidad» del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente «en las próximas 72 horas» un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» de su aplicación y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Por su parte, la ministra Patricia Bullrich, publicó en redes sociales: “Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos”.
“A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!”, continuó.
Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos.
A los $134.486.038,08 les vamos… pic.twitter.com/Z0ro2k0LWP
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2024
Casanello pide «precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».
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Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».
La decisión del juez es respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».