Con la quita de fondos, Milei atacó ahora al gobernador Kicillof y a los movimientos sociales

 

Recorte para todos y todas. Esta vez, el Gobierno dispuso eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández, a través del Decreto 192/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y también modificó la distribución de los fondos que se recaudan a través del Impuesto PAIS y determinó una reducción casi total en la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que es administrado por movimientos sociales.

De esta manera, la administración de Javier Milei avanza con el ajuste a las provincias y profundiza el enfrentamiento con los gobernadores, en medio de la disputa con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, por la retención de fondos.

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El documento oficial que lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo, establece la eliminación del fondo que había sido creado en tiempos de pandemia por el gobierno anterior, con recursos obtenidos de la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

En aquél entonces, el Gobierno había justificado la decisión que implicaba una trasferencia de $30.000 millones al Ejecutivo bonaerense, a raíz de que «tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada», asegurando que «estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos».

Ahora, el Gobierno de Milei decidió terminar con dicho fondo, argumentando en el decreto que «la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común».

Asimismo, en los considerandos sostuvo que «ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas».

Continuando en esa línea, el texto oficial aseguró que «con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit».

Ante el panorama descrito, el Ejecutivo consideró que «no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país» señalando que «la situación fiscal de las Provincias y de la Ciudad ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional».

Al cuestionar la ayuda de Nación al gobierno de Axel Kicillof, el decreto apuntó que «el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020″.

Los movimientos sociales también se ajustan

El Gobierno modificó la distribución de los fondos que se recaudan a través del Impuesto PAIS y determinó un recorte casi total en la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que es administrado por movimientos sociales.

Según el decreto 193/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la asignación específica del 30% establecida en la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública será distribuida, de ahora en más, de la siguiente manera:

• Al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por decreto en diciembre de 2019 para el financiamiento de obras de vivienda social: 1%.
•  A obras de infraestructura económica: 94%.
•  Al fomento del turismo nacional: 5%.

El Impuesto PAIS fue creado por aquella ley, que estableció que lo recaudado -en base a operaciones de compra de moneda extranjera- sería distribuido por el Poder Ejecutivo conforme a distintas prioridades.

Pero ahora el Gobierno consideró que «corresponde efectuar modificaciones en torno a los porcentajes de distribución que les corresponden a determinados organismos».

En 2020 y por decreto, el ex presidente Alberto Fernández estableció que de lo recaudado por ese impuesto, el 65% iría a obras de infraestructura económica, el 30% al FISU y el 5% restante al turismo.

Ahora, del 9% del total recaudado que percibían los movimientos sociales, recibirán desde este lunes apenas 0,3%.

El FISU, que en la actualidad es administrado por el Ministerio de Capital Humano, tiene por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones.

Los movimientos sociales beneficiados por los recursos están nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

Durante las últimas semanas, el FISU fue el eje de una polémica fomentada desde el Gobierno, quien dio a entender que era una «caja negra» de dirigentes como Grabois.

Sin embargo, el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, aseguró que no se hallaron pruebas que justifiquen las acusaciones.

«En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si ésta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%», enfatizó el funcionario.