Los primeros 100 días de Milei: motosierra, pantalla y experimento

Por Lautaro Zeballos

El Gobierno de Javier Milei llegó a sus primeros cien días de gestión con la motosierra en marcha y la mayor parte de la población afectada por su paso. El plan de shock tuvo resultados ambiguos, pero aprovechó el crédito de aquellos que aun hoy pregonan que «hay que darle tiempo» antes de elaborar conclusiones.

Lejos quedaron las afirmaciones realizadas por el ahora mandatario en el debate presidencial que lo enfrentó a Sergio Massa, donde dijo -entre otras cosas- que no tocaría subsidios hasta que la economía esté recuperada y los argentinos puedan afrontar plenamente el costo de las tarifas. Las medidas adoptadas a diario tienen mayor concordancia con la plataforma electoral que La Libertad Avanza presentó a la Justicia a la hora de formalizar su postulación a la Casa Rosada. El camino estaba plasmado en ese documento -público y accesible para todo aquel que lo buscara-.

Las jornadas posteriores a la asunción mostraron una impronta que acompañaría al oficialismo en estos cien primeros días. Convivieron la ambición refundacional con la falta de fortaleza legislativa e instancias de improvisación ejecutiva. Todo recubierto de un discurso que reconoció traidores y enemigos en las posturas discordantes con la voz presidencial.

En el plano económico, Milei y su ministro Luis Caputo pisaron fuerte de entrada. Con un anuncio grabado, postergado en reiteradas ocasiones, el titular del Palacio de Hacienda comunicó el 12 de diciembre las primeras medidas:

• -No renovación de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.
• -Suspensión de la pauta oficial del Gobierno nacional a los medios de comunicación por un año.
• -Reducción de los ministerios, que pasaron de 18 a 9 en primera instancia y luego quedaron en 8 con la degradación de la cartera de Infraestructura, y de las secretarías -de 106 a 54.
• -Disminución al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.
• -Fin de las licitaciones de obra pública nueva y cancelación de las obras ya licitadas que no hayan iniciado.
• -Reducción de subsidios a la energía y el transporte.
• -Funcionamiento de los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023.
• -«Sinceramiento» del tipo de cambio oficial y devaluación a 800 pesos el dólar (118,5%).
• -Reemplazo del sistema de importaciones de la República Argentina (SIRA) por uno informático que no requiera previas autorizaciones.

En dicho marco el ministerio duplicó también el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se incrementó en un 50% la tarjeta Alimentar. Dos indicios que dejaron entrever el escenario que se avecinaba en términos inflacionarios.

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Apenas una semana después, el presidente Javier Milei emitió por cadena nacional un mensaje grabado en el que anunció un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 83 páginas y más de 300 artículos, en busca de desregular la economía a través de la anulación o modificación de diferentes herramientas legislativas.

El texto tuvo como uno de sus principales redactores a Federico Sturzenegger, un ex colaborador de Mauricio Macri que ocupó la presidencia del Banco Central durante la gestión de Cambiemos y que volvió a las primeras líneas de gestión como si jamás hubiese integrado la casta que Milei prometió destruir.

Como se dijo, el DNU 70/23 incluyó centenares de medidas, pero el presidente eligió 30 para enumerar por cadena nacional:

• 1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.
• 2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.
• 3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
• 4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.
• 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.
• 6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
• 7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
• 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
• 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.
• 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
• 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
• 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
• 13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
• 14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
• 15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.
• 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
• 17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
• 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
• 19. Implementación de la política de cielos abiertos.
• 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.
• 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.
• 22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
• 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.
• 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.
• 25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
• 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
• 27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
• 28. Desregulación de los servicios de internet satelital.
• 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
• 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

En este punto también quedó evidenciada la improvisación y el desconocimiento del Estado por parte del equipo gubernamental, ya que aparecieron versiones cruzadas del presidente y su vocero respecto del día en el que entraría en vigencia el DNU. Aun con la sensibilidad de la legislación intervenida, no había precisión sobre cuándo comenzarían a regir las modificaciones.

 

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Un texto labrado con ambición omnipotente: iba de proponer la delegación de facultades extraordinarias en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta diciembre de 2025 -con posibilidad de extenderlas por dos años-, hasta sugerir banalidades carentes de urgencia como el uso de togas para los jueces, pasando por decenas de privatizaciones de empresas públicas; modificaciones a la Ley Micaela; y cambios en el Código Penal para endurecer las penas a manifestantes.

Sobre este último foco, cabe recordar que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tuvo que retirar del proyecto una parte del articulado que apuntaba a penalizar la reunión «de dos o más personas» en la vía pública. Los legisladores del oficialismo habían hecho esfuerzos para defender dicha redacción, pero quedaron a contramano cuando la funcionaria comunicó que la retiraría para favorecer el tratamiento.

Bullrich no quedó reducida a un capítulo de la ley ómnibus. Su etapa protagónica apareció con el anuncio del protocolo antipiquetes, una medida teóricamente apuntada a que las manifestaciones no puedan entorpecer el tránsito vehicular, algo que se efectivizó en parte: en adelante, las personas que protestaron fueron contenidas mayormente por las fuerzas de seguridad para que no puedan bajar de la vereda, pero el despliegue de los propios efectivos terminó generando las complicaciones en el tráfico.

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Las organizaciones sociales y los sindicatos fueron blancos predilectos de La Libertad Avanza. Construirlos, desde el discurso, la política y las redes sociales, como enemigos del futuro y aliados de la decadencia, sirvió como alimento para el núcleo duro y como una de las tantas excusas para desplegar el ajuste, ya que eran identificados como fuente de derroche de recursos públicos. Lo mismo pasó con los artistas que mostraron algún tipo de disidencia con la voz oficial, a los cuales el presidente eligió difamar -en reiteradas ocasiones, utilizando información falsa y compartiendo mensajes violentos- en su perfil de X y entrevistas con los escasísimos medios de comunicación que decidió hablar. Es una forma de construir agenda y desviar la conversación pública hacia lugares atravesados por el ruido que el Gobierno pregona.

A cien días de Gobierno, la motosierra sigue en marcha y el mentado ruido apunta matizarla. La inflación trepó 25,5% en diciembre; 20,6% en enero; y 13,2% en febrero, en claro alineamiento con el efecto recesivo que causó la caída del poder adquisitivo de la población. Los subsidios sí fueron tocados antes de la recuperación económica y el ministro Caputo consiguió superávit, pero gracias a la licuación de las jubilaciones, que quedaron por decisión del Ejecutivo clavadas en $204.445 brutos mientras la canasta básica de un adulto que mide el Indec se ubicó en $223.593 en febrero pasado.

Los números cierran con la gente afuera. Sin ley ómnibus y con el DNU jaqueado legislativamente, resta conocer cuáles serán los próximos pasos de Milei, que horas atrás contó que utiliza constantemente las redes sociales porque le permiten «estar rápido de reflejos» y «ver dónde están los problemas».