Se conoció la nueva ley ómnibus: busca privatizar 18 empresas y poner fin a la moratoria previsional
Este martes el Gobierno nacional acercó a los legisladores el borrador de la nueva Ley de Bases, que propone una reforma laboral menos ambiciosa que la anterior, con blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores.
El Gobierno envió este martes al Congreso y a las provincias la nueva versión de la Ley de Bases, que abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del estado, con el objetivo de avanzar con los principales lineamientos que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.
El texto, que finalmente cuenta con 279 artículos, es más técnico que el primero y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de Ley de Bases original, que todavía tiene estado parlamentario.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manual Adorni dijo: “Tenemos confianza en que estamos ante otro nivel de madurez. El Gobierno dio sobradas muestras de su capacidad de gestión y tanto el ministro (del Interior, Guillermo) Francos como el jefe de gabinete (Nicolás) Posse lograron acordar un rumbo con los dirigentes más relevantes de la oposición. Hemos enviado este martes el borrador de la Ley Bases y las modificaciones en las leyes fiscales”.
En el primer artículo del borrador, el proyecto declara la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Este punto es uno de los principales cambios en relación a la Ley de Bases original, ya que se redujeron las emergencias y tampoco hay posibilidad de prórrogas.
En caso de que esta vez la normativa se apruebe en las cámaras de Diputados y Senadores, el Poder Ejecutivo deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Congreso de la Nación sobre ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”. Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación”.
Para continuar con el plan de recortes, el proyecto permite que el Poder Ejecutivo lleve adelante la privatización de empresas públicas y también habla de la disminución de la planta de empleados estatales.
Sin embargo, el plan es menos ambicioso y a diferencia de las 40 empresas estatales que buscaba privatizar la anterior iniciativa, ahora sólo se apunta a la venta de 18: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían privatizarse parcialmente si se aprueba la ley, pero el Estado deberá “mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
A nivel previsional, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.
La reforma Laboral que plantea la ley es menos ambiciosa que la anterior, e incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Otro de los puntos de la ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y permite que sea invertido “de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425”.
Los 279 artículos se ocupan en su mayoría con capítulos referidos a la desregulación económica, el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia.
Además, otro tramo importante se lo llevan las modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de “las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa”. En ese capítulo, se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).