El Gobierno auditará el pago de indemnizaciones a víctimas de la dictadura
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que hará una “auditoría integral” de las asistencias que el Estado paga a víctimas de la última dictadura a modo de reparación. Según denuncian, hubo irregularidades en el cobro y en la entrega de estas partidas.
El Ministerio de Justicia de la Nación ordenó que se realice una “auditoría integral” de las indemnizaciones que se entregan a las víctimas de la última dictadura cívico militar en carácter de “reparación patrimonial”. La cartera aclaró que se detectaron “irregularidades en la tramitación, otorgamiento y pago” de algunas asistencias.
Fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en la noche de este lunes publicó un comunicado y manifestó: “Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”.
En su título, el documento advierte que, además de auditarse los reclamos, también se “detendrán los pagos” a quienes no corresponda.
Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024
“La Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros S/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, informaron desde la cartera que conduce Cúneo Libarona.
El comunicado precisó que también existen otras causas penales que aún están en investigación, en donde se advierte que hubo posibles irregularidades –como pagos duplicados o realizados a personas que no presentaron la documentación necesaria– en el abono de estas indemnizaciones.
“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, concluyó el comunicado.
Actualmente, hay leyes nacionales que amparan el pago de una indemnización por parte del Estado a aquellas personas que fueron detenidas o desaparecidas o que nacieron cuando sus madres estaban privadas de la libertad –siempre por motivos políticos– durante la última dictadura cívico militar.
¿Cuál fue el caso de Adrián Martínez Moreira?
A fines de junio del año pasado, el juzgado federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires procesó a cinco personas como integrantes de una organización criminal que se dedicaba a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Adrián Martínez Moreira fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos. Junto a él, también fueron procesados como miembros de la asociación ilícita otras cuatro personas, Omar G., Leticia G., Nicole G.P., y Susana F.
Martínez Moreira se hacía pasar por hijo de dos personas secuestradas en Paraguay por un comando policial del dictador Alfredo Stroessner. Para hacer que su relato sea creíble y así acceder a la indemnización, adulteró diferentes documentos e incluso falsificó la firma de abogados.
En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.