La industria metalúrgica advirtió que el Régimen de Incentivos de la Ley Bases «podría generar competencia desleal»

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases «podría generar una competencia desleal con la industria preexistente».

En ese sentido, graficó que «si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera».

«No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos», remarcó Del Re.

El RIGI, incluido en el texto del proyecto de la Ley de Bases que el Gobierno envió al Congreso, establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.

Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.

Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales «ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes».

Asimismo, afirmó que el RIGI «no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local».

En este marco, ADIMRA envió el lunes pasado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias, para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, «atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones».

En la misma se puntualiza que no se igualan «las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs».

El presidente de ADIMRA remarcó que «durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, las empresas que ingresen al régimen no pagarán ningún tipo de impuesto, tanto de lo que compran en el exterior así como también de lo que exportan, configurando una sumatoria de beneficios extraordinarios frente a aquellas compañías que ya realizaron inversiones».

Asimismo, Del Re sostuvo que «los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país».

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La semana pasada se difundió el Informe de Actividad metalúrgica, el cual reveló una caída del 17,7% interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6% en el primer trimestre.

Además, confirmó el bajo nivel de actividad registrado, sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia de 2020.