Movilización masiva frente a la Quinta de Olivos contra la motosierra a la discapacidad

Conclusión Buenos Aires

En un angustiante contexto en el que se teme la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y prestadores del sector protestan en la Residencia Presidencial de Olivos en rechazo a la medida tomada por el Gobierno Nacional que preside Javier Milei.

Cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Quinta de Olivos para ponerle freno a esa intentona.

La manifestación se produce desde muy temprano este miércoles 29 de mayo en las inmediaciones del predio residencial. Como consecuencia de ello, se encuentra cortada la avenida Maipú, entre las calles Malaver y Villate, mano hacia el norte bonaerense.

“Respetemos a todos/ No a la desregulación”, “No somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona” y “No a la desregulación de las prestaciones básica de discapacidad”, fueron algunos de las consignas que se podían leer en los carteles desplegados frente a la Quinta.

El proyecto se dio a conocer el pasado 8 de mayo y, según denuncian desde la organización, buscaría eliminar el costo único para prestaciones, un triunfo de las organizaciones civiles para las personas con discapacidad que se logró a partir de 1997 con la Ley 24.901 y que facilita el acceso a la atención.

El presidente Milei había prometido que nunca impulsaría medidas que perjudiquen a los afectados por esta realidad, no obstante, apareció un borrador de un proyecto de decreto que ocasionará recortes en los servicios de discapacidad, sin embargo, el desfinanciamiento se hizo realidad.

Las organizaciones denunciaron que las prestaciones de transporte que realizan los traslados de los chicos hacia las instituciones donde llevan adelante sus tratamientos se encuentran atrasadas “en un 100 por ciento” y en un 45 para el resto de los servicios.

Esta administración del Gobierno “llevó a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, advirtió el Foro.

Atento a las privaciones en la que se encuentran inmersos exigieron a los funcionarios «que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”, subrayaron desde el Foro.

Exigencias

Los afectados advierten que sería inminente que la iniciativa del Ejecutivo que establece que los organismos públicos y empresas que por ley 24.901 financian las prestaciones fijarán aranceles “que les parezca o convenga” de manera unilateral, discrecional e independiente de la realidad de cada familia. Por lo tanto, quienes se encuentren en tratamiento tendrían que pagar costos que no contemplen su situación económica, con serio riesgos de no poder continuar con los tratamientos.

“Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad.