Con manifestaciones en las calles, Diputados debate la movilidad jubilatoria y el presupuesto educativo
La incógnita está puesta en sobre si la segunda sesión se llevará a cabo o quedará sin efecto, ya que la primera convocatoria demandará muchas horas de debate y excederá largamente el horario de citación.
La Cámara de Diputados debate este martes proyectos de la oposición para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en tanto que está convocada una segunda sesión para votar iniciativas sobre el presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Mientras tanto, en las calles aledañas al Congreso, organizaciones sociales y docentes se manifiestan para exigir la recomposición del fondo para los maestros.
#ConclusiónBuenosAires ????️ #AHORA @cteracta, @SUTEBAProvincia, @UEPC_oficial y @CONADUHistorica movilizaron frente al Congreso, donde se iba a tratar en sesión especial el financiamiento de la educación y el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
— Conclusión (@ConclusionRos) June 4, 2024
Vía @AldoBattisacco pic.twitter.com/jjoDNXxiTQ
La incógnita está puesta en sobre si la segunda sesión se llevará a cabo o quedará sin efecto, ya que la primera convocatoria demandará muchas horas de debate y excederá largamente el horario de citación.
En esta guerra de sesiones, la única certeza es que Unión por la Patria tiene intenciones de dar quórum a la convocatoria que formuló la oposición dialoguista para las 11, pero está exigiendo que se pida una ampliación del temario para tratar también los dictámenes sobre financiamiento universitario y Fonid.
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Si esto no ocurriese (y seguramente no ocurra), analizan dar igualmente quórum y pedir al comienzo de la sesión un apartamiento de reglamento para incorporar estos temas, con el objetivo de dejar expuestas a las fuerzas políticas que están en contra de debatir el presupuesto de las universidades y los sueldos docentes en la actual coyuntura crítica que atraviesa el sector educativo.
El pedido de apartamiento no tendría ningún efecto práctico, ya que para incorporar proyectos al temario se requiere una mayoría agravada de tres cuartas partes del recinto que la alianza entre el oficialismo y el PRO está en condiciones inmejorables de bloquear.
Unión por la Patria pidió (y le fue concedida) una sesión para este martes a las 14, apenas tres horas después del comienzo de la otra convocatoria. La extensión de la primera sesión, que se prevé de varias horas, hará que la segunda convocatoria se vuelva abstracta e impracticable.
«Si hay quórum en la primera sesión, estaremos todo el día discutiendo sobre las jubilaciones. No vemos la necesidad de meter todo el mismo día», explicaron altas fuentes del bloque radical.
De cualquier forma, por más que se logre la sanción de estos proyectos, tanto en lo que refiere a la movilidad previsional como el presupuesto universitario y el restablecimiento del FONID, sobre todos ellos pesa la sentencia de veto. El presidente Javier Milei hizo saber que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que «rompieran la caja» y dañaran el equilibrio fiscal, no le iba a temblar el pulso a la hora de hacer uso de la facultad del veto.
Movilidad jubilatoria
La primera sesión, pedida por la oposición dialoguista para tratar la movilidad previsional, está prácticamente garantizada.
Más allá de que La Libertad Avanza (LLA) firmó un dictamen de rechazo y no contribuirá al quórum, alcanza con sumar a Unión por la Patria para superar (con creces) los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.
En total se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales el de Unión por la Patria es el que se firmó con la mayoría, por lo que se tratará en primer lugar.
Las fuerzas de la oposición podrán o bien acompañar en general para luego insertar sus disidencias y pedir cambios en la votación en particular, o bien votar en contra del dictamen de UP para que se pase a tratar el primer dictamen de minoría, que es el que suscribió la UCR junto a Hacemos y la Coalición Cívica.
En un momento se especuló con que UP y la UCR podían unificar los dictámenes dado que no están demasiado alejados. Esa posibilidad perdió fuerza.
El 15 de mayo pasado, en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición «dialoguista» estuvieron a punto de dar el batacazo: hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta pero no fue posible.
En esas negociaciones, Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de «los dialoguistas» de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero.
Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el Indec) se sumaría además un aumento anual adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.
Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de «meter por la ventana» en el dictamen la obligación de Anses de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.
Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.
Como muestra de buena fe del kirchnerismo y de la voluntad de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.
La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.
El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio.
También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.
En el bloque amarillo, hasta la tarde de este lunes algunos diputados consideraban la posibilidad estratégica de acompañar el dictamen de mayoría de UP por interpretar que es «más vetable» que el de la oposición dialoguista, ahorrándole al Gobierno un costo político. No obstante, no está claro que es lo que hará el PRO en el día de mañana y si todos sus diputados sostendrán la unidad de acción.
El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.