Represión en el Congreso: acusaron a diez detenidos de atentar contra el orden constitucional
La jueza María Servini indagó a diez de los treinta y tres detenidos, a quienes se acusó de haber provocado “desmanes” en la zona del Congreso. Ahora, deberá interrogar a los otros veintitrés arrestados y luego decidir si siguen prisión o si son liberados.
- Judiciales
- Jun 14, 2024
La jueza federal María Servini indagó durante la noche de este jueves a los primeros diez detenidos por haber provocado “desmanes” en inmediaciones del Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el pasado miércoles, y los acusó de haber atentado contra el orden constitucional.
Estos diez detenidos, inicialmente, habían quedado bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas. Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y, durante este viernes, la jueza resolverá si concede o no las libertades.
Mientras tanto, la magistrada tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
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Los detenidos están acusados de varios delitos que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Asimismo, no se descarta que a los 23 acusados que aún no fueron indagados también se les endilgue el haber atentado contra el orden constitucional.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Carlos Stornelli, quien pidió que los 33 detenidos continúen en prisión preventiva. Fue este funcionario quien les imputó a todos los arrestados la comisión de quince delitos, con la posibilidad de que se aplique como agravante el hecho de “atemorizar a la población”, o sea, el terrorismo.
En su dictamen, Stornilli denunció que hubo “graves y violentos sucesos” cerca del Congreso, por lo que se investigan “acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta”.
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El Código Penal, en su artículo 41 quinquies, dice que quienes cometan algún delito con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
No obstante, aclara que este artículo “no se aplicará en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Según consignó la periodista Irina Hauser en una nota publicada en Página12, entre las diez personas indagadas en las últimas horas –tres mujeres y siete varones– hay una familia, compuesta por el abuelo, hija y nieta, que vendían empanadas y bebidas, un vendedor de choripanes, una mujer de 59 años que grabó una de las detenciones y un joven que hablaba por teléfono apoyado en una valla.