Fiscales de Reconquista, en la mira: se los acusa de demorar investigaciones por abusos a menores

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, ordenó que se supervisen las investigaciones por delitos sexuales que se tramitan en la Fiscalía Regional 4 de Santa Fe, la cual abarca a la ciudad de Reconquista y alrededores. La medida se tomó porque en los últimos días se denunciaron irregularidades por parte de funcionarios judiciales del norte santafesino a la hora de avanzar en los procesos.

El control de las intervenciones fue dispuesto este viernes por Vranicich mediante la Resolución 170/2024. En el documento se determinó que será la fiscal Alejandra del Río Ayala –quien actualmente integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1, en Santa Fe y zona– quien, por el plazo de 90 días, lidere las investigaciones por delitos sexuales que se denuncien en el norte santafesino.

Ahora, del Río Ayala deberá “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas (ley 14.181) y una proyección sobre la resolución de los mismos”.

La resolución también señala que la fiscal deberá “estudiar los legajos de investigación relacionados a la temática y efectuar una proyección de resolución sobre cada investigación y, en su caso, solicitar instrucciones particulares a la fiscal general”.

Vranicich dispuso el inicio del proceso de supervisión en función de que “es de público conocimiento que en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales en relación a investigaciones de delitos contra la integridad sexual”.

¿Por qué se intervinieron las investigaciones?

Días atrás, el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, fue apartado de una causa en donde dos menores denunciaron ser abusadas sexualmente por su padrastro. El caso recayó en este funcionario del MPA en el 2017, cuando era fiscal de grado, pero no tuvo avances judiciales.

En el 2019 –dos años después de iniciada la causa– se realizó la Cámara Geselll, pero hasta allí llegó la investigación. El hombre acusado de violar a sus dos hijastras se encuentra en libertad mientras que la Justicia no dio ningún tipo de explicación sobre las demoras en el proceso. 

A esto se suman otras denuncias contra el fiscal Aldo Gerosa, por irregularidades en el avance de las investigaciones en delitos contra la integridad sexual.

Tanto a Gerosa como a Martínez se los acusa de dilatar los procesos. En este sentido, el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien denunció estos comportamientos, observó: “Cuando quienes denuncian llegan los dieciocho años, se pierde la prueba más importante que es la declaración en Cámara Gesell, se llama a juicio oral y se empieza a presionar a la víctima para que firme un juicio abreviado”.