Tras el escándalo en Capital Humano, la Justicia investiga un convenio de Anses con otro organismo internacional
Se trata de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con sede en Madrid (España) y oficinas en varios países de América Latina como Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina.
Tras el escándalo en el Ministerio de Capital Humano por las supuestas contrataciones de personal a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para esquivar los controles y las estadísticas oficiales, la Justicia puso la lupa sobre otro organismo internacional.
Se trata de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con sede en Madrid (España) y oficinas en varios países de América Latina como Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina.
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La Unidad Fiscal para los delitos de la seguridad social (UFISES) abrió una investigación penal sobre los convenios que celebró ese organismo internacional con el Estado.
Ese affaire comenzó con una denuncia periodística en el programa «Argenzuela», que se emite por el canal C5N, y se activó a raíz de la denuncia penal que presentó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contra el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, que sigue en silencio.
La presentación estaba basada en el testimonio de un «arrepentido», Federico Fernández, por entonces Director General de Administración de esa Secretaría. El 29 de mayo, en medio del escándalo, ese funcionario reveló ante los abogados de Capital Humano una reunión clave que tuvo lugar el 24 de enero, donde se decidió avanzar con las contrataciones mediante la OEI, pero solo por tres meses.
Según la confesión de Fernández, los consultores cobraban a través de transferencias bancarias, previa certificación de servicios de los funcionarios de la Secretaría de Niñez. Luego extraían el dinero de sus cuentas, lo cambiaban a dólares y se lo entregaban a los funcionarios, quienes lo distribuían a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros funcionaros con bajas retribuciones.
«Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre para saldar los sueldos del personal que nunca fue nombrado», aseguró el «arrepentido». Todo es materia de investigación.
Esa causa está a cargo del fiscal federal Ramiro González, quien ya impulsó las primeras medidas de prueba. La semana pasada, el fiscal le pidió a la OIE que explicite cuántos contratos se firmaron durante el gobierno de Javier Milei y el monto total de las erogaciones a raíz de ese convenio.
En paralelo, el Gobierno ordenó una auditoría de todos los contratos celebrados con ese organismo, no solo los de Capital Humano. Esa tarea quedó en manos de José “Cochi” Rolandi, el flamante vicejefe de Gabinete.
El escándalo de la OEI despertó el interés por los convenios con la OISS, muchos menos conocidos. En ese sentido, la Unidad Fiscal para los delitos de la seguridad social (UFISES), a cargo de Guillermo Marijuán, ya recabó información y detectó que hay un convenio vigente con la ANSES por un monto total de $800 millones.
De los $800 millones comprometidos por la ANSES, la OISS cobra un 5% en concepto de «costo operativo», una cifra que se repite en convenios anteriores. Sin embargo, hasta ahora solo se habrían transferido unos $50 millones.
En la ANSeS también destacan que los convenios con la OISS no involucran la contratación de personal.
Los convenios de la OISS con el Estado no son nuevos. Por su función específica, ese organismo celebró acuerdos en los últimos años con el PAMI, la ANSES, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). Actualmente solo estarían vigentes los de ANSES y la SRT.
En silencio, la Justicia investiga el motivo de los convenios con la OISS. Y quiere saber cómo se auditaron los fondos públicos entregados. En el organismo internacional aseguran que hay un triple mecanismo de control. ¿Y en el Estado?