Concelajes piden informes sobre taxis de Los Monos
Ediles del PRO enviaron un pedido de informe para conocer las condiciones en que fueron otorgadas las licencias de taxis que tenían como titulares a las esposas de los líderes de Los Monos.
Concejales rosarinos del PRO pidieron informes al municipio local para saber cómo llegaron cinco licencias de taxis a manos de familiares de la narcobanda Los Monos, al entender que podría tratarse de “blanqueo de capitales dudosos” a través de un servicio público.
Las cinco licencias fueron decomisadas por la Justicia de Rosario pasaron a manos del Estado provincial en una resolución firmada el jueves por los jueces de sentencia Edgardo Fertita, Julio Kesuani y Luis Mascali de Santa Fe. Se expropiaron en total 55 vehículos, siete inmuebles y cinco licencias de taxis secuestrados a la organización criminal. El fallo de los jueces señala que los bienes habrían sido adquiridos con dinero de origen ilícito o utilizados para cometer delitos.
“No podemos seguir permitiendo que los taxis sean instrumentos de blanqueo de capitales dudosos, porque parecería que el lavado de dinero que viene del lado del narcotráfico nunca es investigado”, dijo el concejal rosarino del PRO, Gabriel Chumpitaz.
Según la resolución judicial, la esposa del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, Vanesa Jaquelina Barrios, era titular de las licencias de taxis RA474, RA843 y RA2562. Mientras que Silvana Gorosito, pareja del prófugo de la banda Ramón Machuca –y hermano de crianza de “Guille” conocido como Monchi Cantero-, era titular de las licencias de taxis RA1866 y RA3062.
Barrios fue procesada por narcotráfico en diciembre pasado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, en una causa en la que está involucrado su marido «Guille» Cantero, que regenteaba una organización de venta de drogas desde la cárcel.
Los jueces comunicaron al municipio de Rosario la resolución sobre las licencias “para que les imprima a las mismas el trámite que correspondan, dado que han sido decomisadas a quienes detentaban la concesión”. “Al ser un servicio público consideramos que el Ejecutivo municipal tiene que informar al Concejo cómo fue el trámite y cómo fueron adjudicadas”, sostuvo Chumpitaz. En esa línea, puntualizó que el de taxis “es un servicio público, pero es renta privada” por lo que “cualquier actividad privada se puede prestar para el blanqueo” de dinero de origen ilícito.