El gobierno paralizó obras inmobiliarias en zonas inundables y apuntó contra el intendente

Desde el Gobierno Provincial, a través de las Secretarías de Asuntos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, pusieron un freno en dos obras y colocaron las fajas con la leyenda de “obras paralizadas” en loteos que se encuentran en Funes. Las mismas se realizan en un sector inundable y representa un riesgo ambiental.

Se trata de los emprendimientos Damfield (ubicado en el sector sur de Funes, lindero al norte con la ruta provincial N° 34-S y la Autopista Rosario-Córdoba y al este del Barrio Kentucky) y “La Reserva” (se encuentra sobre un camino rural, continuación a calle Galindo, lindante a dos canales históricos y en proximidades de la reserva San Jorge).

Estas construcciones no solo representan un riesgo para la ciudad de Rosario y todos los habitantes de la cuenca del Ludueña, sino también para quienes construyen allí sus viviendas.

“No se pueden construir loteos sin tener un estudio de impacto ambiental aprobado. Este estudio de impacto ambiental es realizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que toma otros factores brindados por distintas áreas del Estado, como lo es la Secretaría de Recursos Hídricos. Se forma un circuito a seguir para poder construir. En primera instancia, el gobierno local, en este caso la Municipalidad de Funes, debe dar una autorización de uso de suelo”, destacó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez.

Y añadió: “Hace pocos meses vimos lo que sucedió en Brasil con las inundaciones, no se trata solo de una avivada, las consecuencias pueden costar vidas”.

Según informaron desde el gobierno provincial, que los terrenos se comercializaban en terrenos ubicados en una zona no apta para la construcción y que, las obras se habían iniciado sin los estudios y certificados de rigor, por lo que, se intimó a las empresas a paralizar las obras.

Frente al incumplimiento, la provincia ordenó la inmediata paralización de las obras y trabajos realizados sin autorización y en contravención con la normativa, y facultó a los ministerios de Ambiente y de Obras Públicas para que den cumplimiento a la medida.

Por otra parte se instruyó a Fiscalía de Estado para que evalúe si es necesario iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluidas las que “tiendan a la recomposición del daño ambiental que se encuentre eventualmente producido y, en caso de que se considere la posible comisión de delitos, de realizar las denuncias penales pertinentes, autorizándose a constituir a la Provincia de Santa Fe como querellante”.