Exigen la liberación inmediata de todos los detenidos por la represión en el Congreso
Mientras la cámara porteña analiza la situación procesal de los acusados, avanzan las denuncias por torturas y maltratos que realizaron algunos de los 33 detenidos que tuvo la causa y fueron liberados por la jueza María Servini tras dictarles la “falta de mérito”.
La Cámara Federal porteña resolvió que cuatro de las cinco personas que fueron detenidas durante la represión que desató el gobierno de Javier Milei el 12 de junio, en el marco de la votación de Ley Bases en el Senado, y aún no fueron excarceladas, continúen apresadas. Al menos, hasta resolver su situación procesal.
Ante esta decisión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió ser amicus curiae en la causa, reclama por la libertad de los manifestantes criminalizados.
Mientras la Cámara porteña analiza la situación procesal de los acusados, avanzan las denuncias por torturas y maltratos que realizaron algunos de los 33 detenidos que tuvo la causa y fueron liberados por la jueza María Servini tras dictarles la «falta de mérito».
También tomó intervención en el caso la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia por denuncias de interrogatorios ilegales en las cárceles. En la mira están las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal, que ahora depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
>>Te puede interesar: Bullrich anunció la reforma del Servicio Penitenciario Federal: se incluirá una historia criminológica
Este último jueves, la sala II de la Cámara Federal porteña decidió, con los votos de los camaristas Roberto Boico y Martín «Doctrina» Irurzun, excarcelar a Facundo Gómez, joven de 31 años que se dedica a vender café en Plaza Serrano, Palermo, cuya detención arbitraria se dio cuando estaba hablando por teléfono con su madre Elena.
Si bien sigue procesado, la acusación en su contra se desvaneció cuando el 1 de julio pasado declararon dos testigos que presenciaron el momento en que fue apresado y se derribó el relato policial. A pesar de ello, el camarista Eduardo Farah votó por avalar su detención. Farah hizo lo propio en los otros cuatro casos.
En tres de ellos, el de Patricia Daniela Calarco Arredondo, Cristian Valiente y David Sica, hizo mayoría con Irurzun para dejar firme la prisión preventiva. Boico votó en disidencia porque consideraba que se debía excarcelar a los tres.
En el caso en que los camaristas tuvieron unanimidad fue el de Roberto de la Cruz Gómez, a quien sus antecedentes penales le jugaron en contra. Salvo Calarco Arredondo, el resto tiene defensa oficial, que está a cargo de Florencia Plazas.
Así las cosas, de los 33 detenidos que tuvo el caso, 28 recibieron la falta de mérito y fueron liberados; mientras que los cinco restantes fueron procesados. De ese último grupo solo uno, Facundo Gómez, fue excarcelado este último jueves a la noche. Los restantes cuatro siguen presos.
A partir del 8 de julio, la Cámara porteña estará en condiciones de resolver la situación procesal de los procesados y de siete personas con faltas de mérito que la fiscalía pidió revocar.
«La Cámara Federal decidió mantener privados de su libertad a cuatro de los cinco manifestantes criminalizados sobre la base de argumentos genéricos vinculados al entorpecimiento de la investigación y al peligro de fuga», explicó Agustina Lloret, coordinadora de litigio del CELS.
Además, agregó: «Esto tiene varios problemas; a algunos les plantea que hay riesgo de entorpecer la investigación, pero toda la prueba pendiente son análisis periciales a celulares y de las filmaciones secuestradas en la causa. Es decir, en ningún caso se explica por qué, ni mucho menos se demuestra cómo la libertad de los manifestantes podría afectar o destruir estas pruebas».
«A quienes mantiene detenidos por peligro de fuga, es porque lo basan en la pena en expectativa que genera la existencia de procesos anteriores en su contra. Esto también está mal, porque los riesgos procesales tienen que basarse en hechos y pruebas concretas que los confirmen como posibles y siempre que no existan medidas alternativas y menos gravosas que permanecer en una cárcel», añadió.
El CELS se presentó ante la Cámara porteña como amicus curiae para pedir que se revoquen los procesamientos y la prisión preventiva y queden todos en libertad.
>>Te puede interesar: El CELS llamó a investigar la feroz represión en el Congreso y denunció la detención de gente «al voleo»
Está más que claro que si la Cámara Federal porteña liberaba a todos o casi todos los detenidos que aún quedan, la causa se desarmaba y el gobierno de Milei, así como el fiscal Carlos Stornelli, quienes alientan la tesis de un golpe de Estado, hubieran quedado en ridículo.
Sostener al menos cuatro detenciones -entre las que hay estigmatizantes- les permite al Poder Ejecutivo y al fiscal seguir con su circo político-mediático-judicial. No hay que olvidar que Comodoro Py, en una decisión fuera de lo común, decidió abrazar este caso que criminaliza la protesta social, que debiera tramitar en la justicia porteña por tratarse de delitos comunes.
Todo indica que lo que se puso en movimiento con la avanzada de los tribunales federales de Retiro es un ensayo que agita el Gobierno para amedrentar cualquier tipo de manifestación en su contra en tiempos de crisis y ajuste económico.