Cesantearon a 11 trabajadores del Hospital Iturraspe por graves irregularidades con fondos públicos
Autoridades de la cartera sanitaria de la provincia brindaron precisiones sobre la decisión que tomaron contra los empleados del efector público, a partir de una investigación llevada a cabo por Fiscalía de Estado.
La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio brindó precisiones este jueves sobre la decisión de dejar cesantes a 11 trabajadores del hospital Iturraspe de Santa Fe, por graves irregularidades cometidas en la gestión de fondos públicos, a partir de una investigación administrativa llevada adelante, además de una causa judicial abierta. La funcionario señaló «quienes roban no pueden ser empleados del Estado» y aclaró que durante el transcurso la investigación (6 meses) no han percibido sus haberes»
A través del decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Ciancio fundamenta la decisión basándose en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, que regula el funcionamiento de la administración pública.
Ciancio indicó que «esto fue un robo a las arcas del Estado -y a los demás empleados del efector- en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos. La investigación continúa abierta por si surgen nuevas derivaciones del caso”, añadió la funcionaria.
El subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proceso de investigación y sus posibles derivaciones. “La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”.
Asimismo, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.