Diputados expusieron sobre reformas a las leyes laborales y organizaciones sindicales

Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Legislación del Trabajo se reunió este martes para reiniciar el debate en torno a una serie de reformas de las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo, donde en el marco de la reunión informativa, se escuchó a los diputados autores de las iniciativas que fueron puestas a consideración.

En el inicio, el presidente de la comisión, Martín Tetaz, adelantó que el jueves 29 comenzarán las reuniones informativas con invitados.

El primero en exponer fue el radical Fabio Quetglas, quien junto a diputados de su bancada presentó siete modificaciones al marco normativo de la Ley de Asociación Sindical, y aclaró que la propuesta “dialoga con la legitimidad de la organización colectiva, la autonomía frente a otros poderes y la adecuación de los marcos de organización a los estándares tecnológicos

Los puntos aludidos son: Limitación de mandatos de dirigentes sindicales; declaraciones juradas de dirigentes sindicales; eliminación de cuotas solidarias obligatorias; publicación obligatoria de informes financieros; auditoría por la Auditoría General de la Nación (AGN); paridad de género, y mayor participación y control de los afiliados.

La catamarqueña Silvana Ginocchio presentó los detalles de su propuesta, consistente en una modificación de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, puntualmente con cambios en los artículos 8, 17 y 18, para introducir en la normativa una perspectiva de género con la inclusión del cupo femenino para la representación sindical.

El diputado Fernando Iglesias hizo una introducción en la que se remontó a los albores de la democracia contemporánea, cuando la Argentina se encontró con dos candidatos: uno que tenía el respaldo de una estructura sindical y que apoyaba la autoamnistía, y otro que no tenía estructura sindical y promovía el juzgamiento de los represores. “Hubo un gran conflicto con la Ley Mucci, que promovía romper el Pacto Militar-Sindical, una ley derrotada por 2 votos”, señaló, y recordó que eso terminó con “un sindicalismo que no representa a los trabajadores; representa a sus propios dirigentes y a un partido, el peronista”.

Puntualmente su proyecto fue presentado originalmente en 2008 y unificaba el tema sindical con el deportivo. “Hay mecanismos institucionales republicanos que todos tenemos que respetar. Tiene el Estado derecho a no reconocerles la personería gremial sino se adecuan a las normas”, y puso como ejemplo su convicción respecto a que las elecciones sindicales tienen que ser períodos libres verificados y convalidados por la justicia nacional electoral. “Tiene que cumplirse el principio ‘un hombre un voto’. El secretario general de la CGT tendría que ser elegido por el voto de los afiliados a los gremios”.

A su turno, Marcela Campagnoli aclaró que con las propuestas puestas a consideración “se busca jerarquizar el rol de los sindicatos, no desprestigiarlos. Su proyecto, dijo, tiene como objeto modificar los requisitos para integrar los órganos directivos de las organizaciones sindicales. Y apunta a “lo nefasto que ha sido para la paz democrática los vínculos entre el fútbol y la política”. Por eso se establece como requisito para un dirigente sindical que vaya a integrar una comisión directiva no haber integrado hasta 24 meses anteriores a la elección cualquier la AFA, la FIFA, la Conmebol y/o organizaciones de fútbol de Primera División o Nacional B.

La diputada de UP Julia Strada salió al cruce de los dichos sobre el Pacto Sindical-Militar y lo contrapuso con la visita de diputados libertarios a los genocidas. “La doble vara no los favorece”, sostuvo, para después exponer en torno a las observaciones hechas en torno a la ficha limpia, afirmando que los sindicalistas “son políticamente expuestos y tienen que rendir cuentas ante la UIF. Y por estatuto no deben tener inhibición penal o civil para integrar el órgano directivo. Exigir condena firme es violatorio del principio de inocencia”, afirmó, aclarando que se debería exigir lo mismo en el ámbito político y empresarial, sino estaríamos ante un “republicanismo selectivo”.

Sobre las contribuciones solidarias, aclaró que “está avalado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT el pago obligatorio de  una suma de dinero de los afiliados”.

Y cerró advirtiendo que “los sindicatos son la valla de contención para que avancen en materia de redistribución regresiva de los ingresos. Despatrimonializar a los sindicatos, eso es el plan. Todas las exigencias de transparencia son para los sindicatos y no a los demás”.

Silvana Giudici defendió su proyecto para que los trabajadores puedan acceder a toda la información de los sindicatos, a través de un proceso similar al de la Ley de Información Pública, en tanto que María Eugenia Vidal presentó dos propuestas del Pro que “impulsamos siendo gobierno”. Una es la prohibición de la reelección indefinida, que durante su gestión en la provincia de Buenos Aires impulsaron para los cargos políticos, y la presentación de declaraciones juradas públicas y patrimoniales.

A continuación, Ricardo López Murphy dijo que “todo el mundo recuerda que la Ley Mucci es del 84, pero en el 87 vinieron las leyes Alderete. Tenemos una mirada hemipléjica sobre nuestra historia, consolidan el régimen organizativo que venía. La gran consolidación del sistema sindical ocurre ahí, cuando casi se aprueban todas las leyes del sindicalismo monopólico casi sin revisión. Más adelante, Armando Caro Figueroa intenta algunas reformas porque teníamos un problema muy serio creciente informalidad  y divorcio de la actitud del mercado de trabajo para responder a los problemas de la modernidad”.

“¿Cuál es el tema en debate? –añadió-. Ineptitud de la economía argentina para crecer. Parte tiene que ver con el ritmo del cambio tecnológico, que se ha acelerado en las últimas décadas. La pregunta es qué actitud tenemos para adaptarnos a esos cambios tecnológicos en nuestro cambio normativo”.

López Murphy advirtió que “hace años Brasil ha hecho reformas en materia laboral muy profundas, que nosotros no acompañamos, y ese cambio ha producido una desventaja para el sistema productivo argentino. Argentina no recibe inversiones extranjeras hace muchos años, pero tampoco ahora: las empresas se van de Argentina. Parte tiene que ver con los niveles inmensos que tiene nuestro sistema en términos de litigiosidad, extraordinarios costos no por los salarios, sino por juicios. Más aún, hace muchos años que la OIT ha sugerido cambiar la tributación sobre el trabajo, bajar los impuestos”.

El diputado de Encuentro Federal, advirtió que “hemos sido extraordinariamente exitosos en desalentar el trabajo formal y sobre todo destruir el entramado PyME. Solo las grandes empresas pueden soportar el nivel de litigiosidad, tenemos un sistema que mata PyMEs. Tenemos pocas PyMEs, poco empleo, no crece el empleo formal, alguna pregunta nos tenemos que hacer”.

En tanto el diputado y sindicalista Mario Manrique, cuestionó el intento de invalidar que los dirigentes sindicales puedan ser dirigentes de fútbol: “Tuvimos un presidente que fue presidente de un club de fútbol; no lo desvaloriza”, y defendió las reelecciones sindicales: “Si hace las cosas bien, ¿por qué un dirigente no puede ser reelecto la cantidad de veces que los trabajadores quieran? No acusemos, no usemos terminología ofensiva, porque soy hombre del movimiento obrero, tengo mis credenciales, pero no por eso entiendo que todos somos buenos, o que por uno somos todos malos. No debemos atacar las estructuras”. “Todo lo que estamos discutiendo acá tiene un sesgo ideológico”, cuestionó.

Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, resaltó que “hay animosidad y temor de tratar de delincuentes a los laburantes, porque tienen miedo de que se organicen y peleen por sus derechos”.

Cabe recordar, que los 28 proyectos vinculados a la temática en debate se refieren, entre otros puntos importantes, a la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales.