Marítimos advierten por una nueva embestida del Gobierno contra la pesca argentina

Gremios marítimos denuncian que, a través de una resolución de la Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se puso en vigencia la Resolución 76/2024, mediante la cual se derogaron un total de 12 normas dictadas por el gobierno anterior entre 2021 y 2023. Estas normativas estuvieron operativas hasta apenas una semana, logrando desmantelar cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la industria pesquera.

Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.

El gobierno argumenta que la modificación responde a las nuevas políticas públicas delineadas para un reordenamiento integral de la producción en general, respaldándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Según indicaron, los cambios buscan simplificar y hacer más razonables los procesos, para mejorar la operatividad del sector. También catalogaron de obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción, con la idea de eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites.

Desde el sector, miran con preocupación y advierten que la aplicación de esta resolución atenta contra los avances cuantitativos y cualitativos logrados en el último período, que significaron importantes mejoras en la gestión de pesquerías, en la agilización de procedimientos administrativos y en la transparencia de la cadena de valor pesquera del país.

Contrario a lo que se podría pensar sobre la postura del activismo gremial, los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan. Así lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno: «No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».

«Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: «la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales», agregó Moreno.

Por otro lado, el Capitán denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.