¿Qué dice el borrador del proyecto que busca liberar a represores de la última dictadura?
Los documentos fueron filtrados por la diputada nacional Lourdes Arrieta, por estas horas amenazada con ser expulsada del oficialismo.
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, difundió durante la noche de este domingo los borradores de los proyectos con los que un grupo de legisladores oficialistas querían facilitar la excarcelación de represores detenidos por crímenes de la última dictadura cívico-militar.
Arrieta ya había publicado durante el fin de semana una serie de capturas de pantalla con conversaciones de los grupos de WhatsApp donde se organizó la excursión al penal de Ezeiza para dialogar con los genocidas.
En esta oportunidad, la publicación de la diputada nacional -qué dijo que la llevaron engañada a la visita y corre riesgo de ser expulsada del bloque oficialista- difundió imágenes con el texto que planeaban impulsar con el objetivo de liberar a los represores.
«Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas», escribió Arrieta en su perfil de la red social X.
El proyecto denominado de «Plazo razonable» busca liberar a aquellos genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar de 1976 que aun permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito.
«Incorpórese el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: 8) Transcurridos 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo», dice el documento filtrado por Arrieta.
El artículo 59 del CP es aquel que refiere a las circunstancias en las que la acción penal se extingue.
En los fundamentos de esta iniciativa, los legisladores argumentan que los 20 años como plazo máximo «superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones».
Articulado del proyecto de «Plazo razonable» difundido por Arrieta.
Por otra parte, Arrieta también difundió el decreto reglamentario que redactaron estos diputados de La Libertad Avanza junto a un grupo de abogados y el cura Javier Olivera Ravasi.
Este segundo documento insta a garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
«Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal», indica el primer artículo de ese segundo texto.
Para que quede aún más claro, el documento aclara que «el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme».
«El término -continúa- regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes».
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«Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia», acentuó el texto legislativo que tenían en preparación.
En los fundamentos de este segundo documento, los legisladores de LLA plantearon que «la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y el narcotráfico en todo el territorio nacional», por lo que «resulta indispensable descongestionar su labor».
Las páginas que contienen el articulado del borrador de decreto expuesto por Arrieta:
???? Del grupo se WhatsApp, se desprende PROYECTO PLAZO RAZONABLE. ???? pic.twitter.com/HUPMbv0l77
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
???? PROYECTO REGLAMENTACIÓN MENCIÓN DDHH pic.twitter.com/XpVcJTDVW6
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
???? …Y terminan con un DECRETO REGLAMENTARIO. pic.twitter.com/kXTzwQXcP6
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024