Cambios en derechos de autor y la voz de los músicos: «Es un avance sobre las entidades de gestión colectiva»
Diferentes actores que señalaron que el decreto que emitió el Ejecutivo esta semana carece de precisiones y deja "zonas grises que podrían dar origen a demandas judiciales".
El Gobierno Nacional aplicó esta semana cambios en el régimen legal de la propiedad intelectual y la protección del derecho de autor que generaron ruido y confusión. Con el afán de reducir algunos costos del sector hotelero y otras actividades, emitió un decreto que -según advirtieron diferentes compositores e intérpretes en diálogo con Conclusión– tiene una redacción escueta e imprecisa que deja zonas grises. Podría tratarse de una impericia propia de un Ejecutivo que define políticas desde la desinformación, ya que no se conocen reuniones previas con ningún actor del sistema antes de la emisión del DNU, pero las manifestaciones posteriores de los funcionarios dejaron otra imagen. Hablaron de «curro» e «impuestos», términos que buscaron colocar una carga negativa sobre las entidades de gestión colectiva, con Sadaic como principal blanco.
El artículo 36 de la Ley N° 11.723 fija que los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales gozan del derecho exclusivo de autorizar la recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras. Tomando en cuenta esto, el Gobierno emitió el Decreto 765/2024 que indica que «resulta necesario redefinir el concepto de ejecución pública con el fin de clarificar su ámbito de aplicación y garantizar un efectivo resguardo de los derechos de los autores, excluyendo de sus alcances a las representaciones o ejecuciones que se desarrollen en un ámbito privado, de acceso restringido para el público general, sea este de ocupación permanente o temporal».
El músico e integrante de un sello musical independiente rosarino, Santiago Silvagni, explicó que, al crear sus obras, los artistas las registran en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), donde quedan asentados los derechos de autor. «Después, supongamos que me voy a tocar a algún lugar, por ejemplo, La Usina Social, por decir uno. Además de cobrar por el evento y la venta de entradas, al músico le corresponde un 12% del valor de cada entrada, que eso se llama ‘pasar planilla’, por tocar los temas registrados en Sadaic. A la vez, todos los boliches, espacios culturales, restoranes y varios lugares más, si pasan tu música, tienen que pagar a Sadaic por hacerlo», repasó en declaraciones a este medio.
Si en televisión o radio se utiliza una canción registrada, también se completa una planilla y se pagan los derechos, pero el punto sobre el que hace foco el decreto del Ejecutivo y que impacta de lleno en lo que Sadaic recauda y después devuelve a los autores está en la redefinición del ámbito privado y la ejecución pública.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, aportó un ejemplo al celebrar la medida y señaló que los hoteles ya no deberán abonar tasas por derechos de autor ni por la reproducción de música en las habitaciones, porque son consideradas un ámbito privado. Lo mismo correrá para salones de fiestas y otros espacios.
El reconocido músico rosarino y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Interpretes (Aadi), Fabián Gallardo, contó en conversación con Radio SI que la historia del origen de dicha entidad permite entender un poco el debate actual. Según reconstruyó, nació porque antes -sobre todo en Buenos Aires- los bares tenían orquestas, tríos de tango y bandoneonistas amenizando el lugar, pero cuando empezó a haber música grabada los locales comenzaron a poner en reproductores a los mismos artistas que antes convocaban para tocar. Esos músicos finalmente se juntaron y plantearon que, ya que se iba a seguir utilizando su obra para hacer que esos espacios sean más interesantes, vaya gente y baile, debían pagar por el uso de composiciones de su propiedad intelectual.
Asimismo, el directivo de Aadi reconoció que inicialmente, al anoticiarse del decreto, le llamó la atención que la mayoría de los funcionarios que se referían al tema hablaban de «impuesto», algo que no es preciso. «Eso está mal por definición, si vos partís de una base errónea, después es mucho más difícil entrar en una discusión. Dicen que se terminó el curro cuando estamos hablando de un derecho de propiedad intelectual. Esto muestra ignorancia», apuntó en la entrevista citada.
Desde la Unión de Músicxs Independientes (UMI) elevaron un planteo similar. Con un comunicado, expresaron su «gran preocupación» porque el decreto «no solo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (que es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales) sino que su redacción confusa deja abierta múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales de amplia duración en su resolución».
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En esa línea, el presidente de UMI, Gustavo Rodhenburg, señaló en contacto con Conclusión que el derecho de autor «es una parte importante de los salarios» de los artistas y «tiene hasta un carácter alimentario». Asimismo, remarcó el hecho de que el Gobierno está, a través de este DNU y las posteriores manifestaciones contra Sadaic -que es un ente privado-, atacando la gestión colectiva.
«El Ejecutivo está avanzando sobre la administración y las funciones de las entidades de gestión colectiva. Son los primeros días, estamos tratando de no sonar apocalípticos, porque a todo esto hay que ver cómo se va implementando y cómo impacta. Pero sí creemos que esta zona de imprecisiones y el gris que surge puede ser fuente de judicialización y ahí se sentarían precedentes tal vez negativos para los autores, compositores e intérpretes, como así también postergaciones en el cobro de derechos», sostuvo Rodhenburg.
«Los autores recaudan a partir de que compongan o ejecuten conciertos en vivo. Todo el circuito virtuoso de eso se pone en funcionamiento en la medida que hay actividad. No hay ningún autor o compositor que no componga y cobre derecho de autor», añadió el presidente de UMI, para otorgar otro argumento que desarme la narrativa oficial que habla de «curros».
Los diferentes actores ven con preocupación el ataque a las entidades de gestión colectiva por la obvia razón de que no podrían todos los artistas individualmente presentarse en cada lugar a reclamar que se les pague por la reproducción o ejecución de obras de su propiedad intelectual.
La cantante, guitarrista y compositora rosarina Flor Croci también expuso ante Conclusión su «pulgar para abajo» frente el DNU que anunció el Ejecutivo y lo calificó de «nefasto», a la vez que dijo que «el panorama es desolador».
«Lo que están haciendo es pisotearnos a los trabajadores de la música, como lo hacen con los jubilados y todos los laburantes. Nos quieren sacar este derecho que tenemos. Algunos bares ya no pagaban Sadaic, pero nosotros vivimos de tocar en vivo y de los pocos mangos que cobramos en barcitos y otros lugares. Pero si el bar pasa Sadaic, nosotros pasamos una planilla y eso se nos reintegra. No es una fortuna, pero es algo. Así que todo mal con esto y con que esta gente siga sacando decretos y nuevas leyes que nos pisotean», aseveró la artista.
No todos eligen mostrar su disgusto. Este medio se comunicó con un músico de alcance nacional que manifestó explícitamente que prefiere «no hablar nada que tenga que ver con el Gobierno Nacional». El hostigamiento que algunos artistas sufrieron en redes sociales y a través de comentarios públicos de máximas autoridades del Ejecutivo generan cierto temor de ser elegidos como nuevo blanco.
El decreto completo: