De rechazar la diversidad a recortar programas: ¿cuál es la política del Gobierno en materia de género?
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rechazó la diversidad sexual. La declaración tiene su correlato en las políticas que impulsa en materia de género, marcada por recortes de programas y en la entrega de medicamentos. La oposición teme que si La Libertad Avanza tiene más representación en el Congreso intente derogar algunas leyes, como el aborto o el matrimonio igualitario.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se hizo presente el pasado martes en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para explicar qué políticas lleva adelante el gobierno de Javier Milei para estos sectores de la población. La exposición dejó a muchos legisladores con más dudas que certezas, pero presentó una advertencia clara: la lucha contra la violencia de género no solo se ve amenazada desde lo discursivo, sino también desde lo político. En este escenario… ¿corren riesgo algunas leyes conquistadas?
“Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, por la familia. Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”, dijo el ministro ante los diputados.
Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia tienen su correlato en algunas medidas que impulsó el gobierno de Javier Milei, como la eliminación del Ministerio de las Mujeres, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el recorte al programa “Acompañar”, el desmantelamiento de la línea 144 o la interrupción en la entrega de medicamentos que hacen a la salud sexual y reproductiva.
¿Violencia en aumento?
El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, dialogó con Conclusión e indicó: “La citación del ministro fue para que explique cuál es el plan del Gobierno para sostener políticas que son compromisos internacionales, que el país ha asumido a través de las convenciones que tienen rango constitucional, y cuáles son los programas para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Según datos del Ministerio Público de Santa Fe, de cada cinco denuncias que se realizan en la provincia, cuatro tienen que ver con violencia de género, abuso sexual infantil o violencias sexuales”.
Conclusión también habló con la directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Gabriela Sosa, quien apuntó: “Argentina, en la última década, mostró un promedio de femicidios que no baja de los 200 asesinatos por año. Vemos que esto se va a agudizar, porque muchas de las políticas destinadas a la prevención, abordaje, capacitación o acompañamiento económico de las víctimas han sido achicadas a la mínima expresión o eliminadas. Quienes recurrían a los programas nacionales, ahora van a necesitar el acompañamiento de la provincia o el municipio”.
Para Sosa hay “dos elementos” por los que el Gobierno impulsa estos recortes: “Por un lado defienden el ajuste. Por otro, La Libertad Avanza desconoce o niega la existencia de una identidad de género y dicen que no hay violencia de género. Además, hay un deseo de volver a un concepto de familia tradicional de hace siglos, donde el rol de las mujeres era exclusivamente de reproductoras y donde la participación económica y política solo estaba limitada para los varones de determinadas características”.
Motosierra en marcha
En los últimos días, desde Casa Rosada aplicaron cambios al programa “Acompañar”, que asistía económicamente a las víctimas de violencia de género: ahora la prestación –que equivale a un salario mínimo– se entregará durante tres meses (antes era por seis) y será necesario presentar una denuncia policial o judicial para acceder a la misma.
“Este programa venía con problemas, pero no están pagando ni aceptando a personas ya inscriptas. La exigencia de tener una denuncia en la mano para poder gestionarlo habla del desconocimiento o la crueldad de este Gobierno. La dinámica de la violencia implica también poder madurar una denuncia habiendo atravesado la falta de creencia del Estado, el miedo a una posible represalia del agresor o la vergüenza, hay un montón de elementos que impiden que habiendo sufrido violencia de género hagamos la denuncia inmediatamente. Mientras tanto, hay que fortalecer a las mujeres, y una forma es el acompañamiento económico. Con este recorte el Gobierno va a perpetuar los vínculos violentos”, advirtió Sosa.
Y añadió: “Desapareció el programa Potenciar Trabajo, que tenía una línea específica para mujeres en situación de violencia. También dejó de aplicarse la Ley Micaela, desmantelaron el programa de prevención de embarazo adolescente no deseado, que era exitoso. Hay una intentona permanente de no cumplir las leyes que tenemos”.
Sobre el estado de la línea 144, a la cual se podía llamar desde todo el país y en cualquier momento del día para denunciar o recibir asesoramiento ante casos de violencia de género, la referente de Mumalá observó: “Ahora cualquier situación de violencia puede ser atendida, en una clara expresión de esta negación de la violencia de género. Por otro lado, con un personal que se ha reducido fuertemente, las esperas son mayores, la atención no es inmediata y al no existir los programas nacionales, que debían acompañar a las víctimas, los recursos con los que se cuentan son menores”.
Elecciones 2025: los derechos conquistados se cuidan en las urnas
Tanto Paulón como Sosa coincidieron en que, de momento, el oficialismo no intentó avanzar en la derogación de leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género o la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) porque no cuenta con mayoría en el Congreso. Sin embargo, esto podría cambiar en las elecciones legislativas del 2025.
“Hoy no se escala hacia una derogación o desmonte más concreto y frontal de la legislación porque no tienen mayoría en el Congreso, pero si la logran tendemos a pensar que lo que hoy no está en agenda parlamentaria, o al menos no de forma tan explicita, podría estar, y eso nos genera una preocupación”, señaló el diputado por la provincia de Santa Fe.
El legislador, además, dijo que no se llevó ninguna respuesta esclarecedora por parte de Cúneo Libarona: “Había preparado tres páginas de preguntas, que le iba a dar al ministro para que las responda por escrito, porque entendía que en la comisión íbamos a tener tiempo limitado. Igualmente le hice cuatro preguntas que había priorizado, pero no me contestó ninguna. Vino a provocar, en ningún momento hubo una intención de informar ni de dar cuenta de cuáles son las políticas que están llevando adelante”.
“Planteamos presentar un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque entendemos que hay una cuestión que puede ser muy complicada en términos de cómo el Gobierno va a llevar adelante esos compromisos internacionales que ha asumido y que tiene que cumplir”, anunció Paulón.
Salud en juego
Más allá de las políticas de género, también se reportan irregularidades en la entrega de medicamentos para atender a la salud sexual y reproductiva. “Se ve resentida la entrega de fármacos nacionales, que en algunos casos son anticonceptivos. Por esa faltante, hay centros de salud que cambiaron las marcas. En el caso de Santa Fe sucede algo un poco excepcional, porque tenemos un laboratorio farmacéutico público que produce una cantidad importante de productos, pero otras provincias están con mayores problemas y con faltantes de hormonas y medicamentos vinculados a la adaptación de las personas LGBTQ+”, alertó Sosa.
Por su parte, Paulón advirtió que el Gobierno “postergó licitaciones, dejó de comprar preservativos y anticonceptivos y hay una situación límite con el tema de la medicación para algunas enfermedades crónicas, como el VIH”.
Y, en línea con Sosa, alertó: “El Gobierno Nacional ha transferido progresivamente muchísimas responsabilidades a las provincias, al tiempo que les fue cortando fondos. Muchos distritos, que tal vez no tienen la espalda económica de Santa Fe, van a sufrir situaciones complejas por falta de medicación”.
¿Qué hacer en caso de sufrir violencia de género?
Si la persona víctima de violencia de género o alguien cercano quiere denunciar el hecho o asesorarse sobre cómo actuar, puede llamar a la línea gratuita 0800-444-0420, que funciona durante las 24 horas en Rosario. También se puede denunciar en comisarías, en Fiscalía o en los centros territoriales de denuncias que funcionan en los distritos.
“Si todavía no estamos preparadas para denunciar, en el teléfono verde (0800-444-0420) se puede empezar a trabajar con algún profesional, terapeuta, psicólogo o abogado para que nos acompañen. En el resto de la provincia hay que recurrir a las áreas sociales o de la mujer de municipios o comunas”, cerró Sosa.