El futuro del Hospital Italiano: esta semana se define el destino de 500 familias

Por Alejandra Ojeda Garnero

Esta semana se define la situación del Hospital Italiano Garibaldi, el juez Marcelo Quiroga, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 deberá analizar las propuestas presentadas por tres entidades que pretenden hacerse cargo de la administración. Pero las presentaciones no fueron suficientes y el magistrado les pidió, a través de una resolución, que entreguen un informe detallado sobre cómo llevarán adelante la gestión del centro de salud durante el período que tenga vigencia el contrato de locación. Además puso a disposición el expediente judicial para cualquier otro interesado en presentar una propuesta.

El Hospital Italiano Garibaldi es una institución centenaria de la ciudad, del futuro de la institución depende el destino de 385 personas que allí trabajan y alrededor de 130 profesionales médicos, lo que hace un total cercano a 500 familias dependen de la resolución judicial que permita la continuidad de esta fuente de trabajo.

Para echar luz sobre la situación actual del nosocomio y cómo se avizora su destino Conclusión mantuvo un mano a mano con los interventores, el médico Alejandro Dotta y el contador Ricardo Dei Cas, designados por el juez Quiroga en diciembre del año pasado. También integra la terna la abogada Rossana Hipólito.

El doctor Dotta fue claro y preciso, en estos días “dentro del hospital la situación está tranquila porque la semana pasada hubo un reclamo por parte de los empleados porque están cobrando muy mal los sueldos. En porcentajes, con atrasos y decidieron hacer un paro”, explicó sin ningún reparo.

La situación del personal es alarmante, “el atraso es de dos meses, en estos días estamos pagando el mes de enero,  de acuerdo al dinero que ingresa que salvo otras obligaciones impostergables, como insumos y proveedores, se destina a pagar sueldos”, indicó el doctor.

Para graficar en qué forma encontraron el hospital, Dotta graficó que a pesar de todo “no solamente subsistimos sino que mejoramos la situación desde diciembre hasta ahora porque el hospital está con más pacientes internados, con los servicios funcionando, se reabrieron servicios como obstetricia y neonatología que se habían cerrado y la maternidad funciona con total normalidad”, reflexionó.

De todos modos “es una situación que tiene un límite de tiempo, esto no va a durar toda la vida, pero internamente la situación está tranquila y el hospital funcionando y esperando decisiones que ahora están en la esfera judicial y si todo sale bien se definirá a fines de esta semana”, auguró el interventor.

El tiempo al que se refiere depende de la resolución judicial que defina quien se hará cargo de la administración del hospital porque “se presentaron tres grupos de gente interesada en hacerse cargo del hospital, hicieron una primera propuesta que fue analizada por nosotros y sobre todo por el juez que es el que en última instancia decide y en base a esa presentación pedimos que amplíen una serie de puntos para que luego se pueda tomar una decisión final para ver quién va a ser el encargado de manejar el hospital de aquí en adelante”, expresó.

La entidad que luego de las presentaciones se hará cargo del hospital será a través de “un contrato de alquiler, que los deja muy protegidos de todas las deudas que pueda tener la Sociedad de Beneficencia que es la dueña del hospital, es la mejor figura jurídica que se encontró” para garantizar el funcionamiento de la institución.

En consecuencia, “la Sociedad de Beneficencia le alquila el hospital con todos sus bienes muebles e inmuebles y el personal y la deuda de sueldos, a ese grupo y la Sociedad se queda con la deuda y con el canon que este grupo le pagaría”.

Las tres entidades que presentaron propuestas

La primera propuesta presentada es de una asociación civil denominada Nuova Médica que está encabezada por el cardiólogo Rafael Díaz, socio del Instituto Cardiovascular Rosario y fue constituida para este fin en particular.

Otro es un empresario médico de Rafaela, Carlos Tita que en Rosario maneja el sanatorio Los Alerces (ex Julio Corso) y que tiene además varias entidades en el norte de la provincia de Santa Fe como Rafaela y en la ciudad de Santa Fe. Este empresario se presentaría a través de la Asociación Mutual La Casa del Médico.

Y la tercera es la Asociación Mutual Argentina encabezada por el contador Fernando Ricomi que entre otras empresas es titular de la prepaga Medicyn y el semanario Cruz del Sur.

“Hasta el momento son las tres propuestas y no se pueden presentar más porque el plazo se venció porque la situación no da para que se extiendan los plazos y ahora estamos en una etapa de revisión, salvo que el juez decida lo contrario”, indicó Dotta.

Pero para los interventores, las propuestas presentadas por las entidades no fue suficiente en cuanto a algunos puntos, pero sobre todo a lo que refiere al personal, en consecuencia y “en base a las propuestas presentadas les pedimos una serie de información adicional o más detallada y luego de esa revisión el juez tomaría una decisión final”, que será en el transcurso de esta semana.

Si bien, “en las propuestas uno de ellos detalló que se hará cargo del personal y de la deuda de sueldos, los otros dos no lo expresan por escrito pero tampoco lo niegan, pero como no lo aclaran explícitamente, les pedimos que amplíen la propuesta porque es un punto que nos interesa”, explicó Dotta.

Cuando llegaron los interventores al hospital en diciembre del año pasado, encontraron el hospital “completamente desmantelado, primero en el sentido de la función que debe cumplir, con muy pocos internados. Muchos médicos se habían ido porque fuimos especialmente maltratados por la gestión anterior, estuvimos entre ocho y diez meses sin cobrar un peso”, graficó el doctor que hace más de 30 años presta servicio en el Italiano. Su padre ingresó a trabajar en la entidad en el año 1931.

La desidia se apoderó de esta institución centenaria que tuvo sus años de esplendor, pero que al momento de la intervención encontraron “muchos servicios sin cubrir, la mayoría del personal de enfermería se había ido, tal es así que hoy persiste el déficit en esa área, es decir que si funciona a pleno se va a necesitar más personal”, con lo cual generaría nuevos puestos de empleo.

Por su parte, el contador Ricardo Dei Cas agregó que “tomamos la intervención con diecinueve internados, cuando la cantidad de camas para ese fin es de doscientas, además de la maternidad cerrada”.

Los profesionales tienen esperanza de salir de esta situación porque así lo indican los resultados. “Hoy a través de distintas acciones que hemos implementado tenemos setenta y tres internados, un número que nos ha costado mucho alcanzar. Y la maternidad funciona normalmente”, explicó Dei Cas, aunque no es el mejor escenario la situación mejora gradualmente.

En cuanto a la situación económica y financiera de la entidad, Alejandro Dotta explicó que “no había registro contable, no sabemos ni podemos determinar exactamente cuanta plata debe el hospital porque no hay registros”.

En este sentido, el contador Ricardo Dei Cas indicó que “nosotros estamos pagando lo que consumimos más el sueldo del personal, de la deuda atrasada no nos estamos haciendo cargo porque no hay forma de hacerse cargo”, ya que no existe documentación y si un proveedor se presenta para cobrar debe presentar documentación que respalde ese reclamo.

La situación es crítica, “un hospital de doscientas camas, de las cuales sólo setenta están ocupadas y mantener con ese ingreso a 385 empleados, es imposible mantener todo, esto nos permite llegar a un estado de supervivencia”, graficó el contador.

Una situación que aparentemente es una práctica frecuente, pero poco conocida es la forma por la cual ingresa dinero a los centros de salud y tiene que ver con las prestaciones de las obras sociales.

“Al poco tiempo de hacernos cargo nos enteramos que la gestión anterior había vendido facturas, es decir la facturación que el hospital emitía para presentar a la obra social y recibir luego el pago fueron vendidas a un financista que se quedaba con un porcentaje del total de cada factura y él se encargaba de cobrarla después a la obra social”, contó Dotta.

Y continuó, “según pudimos saber después, parece ser un mecanismo habitual, que antes de pedir un crédito, puede resolver alguna situación de emergencia, pero siempre usado con prudencia”, al parecer no fue el caso de la comisión directiva de la Sociedad de Beneficencia del Italiano.

Como si esto fuera poco, los interventores descubrieron al poco tiempo que “se vendieron facturas desde marzo a agosto del 2015 a una financiera, pero además habían vendido facturas a futuro,  hasta agosto de este año (2016), con seis u ocho meses de adelanto”.

“Esto se hizo de un modo bastante desprolijo”, indicó Dotta, “y según documentación, que por suerte dejaron escrita, esta financiera les pagaba el 70 por ciento del valor de cada factura y se quedaba con el 30 por ciento, en total 80 millones de pesos en seis meses”, se manejaron de esta manera.

Pero la maniobra no quedó ahí, “de ese 70 por ciento, una parte ingresaba a la cuenta del hospital porque pagaban con cheques o transferencias pero el resto (30%) que pagaban en efectivo, no sabemos cuál fue su destino”.

Para frenar esta situación, los interventores “le pedimos al juez que suspendiera esa medida, que diera por nulas esas operaciones y mientras tanto una medida cautelar por la cual todos los pagos que se hicieran desde ese momento en adelante fueran a una cuenta judicial y así pudimos juntar dinero para, en principio pagar sueldos del personal”, graficaron.

La situación es crítica y compleja por donde se la mire, porque “por otra parte recibimos dinero de las obras sociales a través de otras cuentas del hospital, pero como están embargadas es poco lo que nos queda disponible”, se lamentaron.

La institución que otrora fuera uno de los hospitales modelo de la ciudad cayó en la peor decadencia debido al mal manejo de los administradores anteriores, pero no fue casual, se podría inferir que fue causal.

“El dueño del hospital es la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi, una asociación civil sin fines de lucro, que para este tipo de instituciones es la más conveniente porque no paga algunos impuestos y al no tener un dueño no reparte utilidades. Y es dirigida por una comisión directiva elegida por los socios”, manifestaron los interventores.

La situación llegó al límite porque “ésta comisión directiva empezó por hacer alguna reforma en los estatutos, borrar algunos socios y registrar otros, en fin, consiguieron hacerse con el manejo de la sociedad con lo cual duraron en su cargo más tiempo del que les era permitido. Pero cuando se les empezó a poner fea la situación contrataron a una persona que llegó con el título autoimpuesto de ‘manager’”, indicó Dotta. Se trata de Carlos Neme “un personaje, que por lo que uno puede inferir vino con un plan muy claro”, agregó.

El contador Dei cas agregó que “más allá de todas estas cuestiones, presentamos una denuncia penal contra el manager y la comisión directiva porque nosotros consideramos que se han cometido hechos graves que luego tendrá que definir el fiscal en base a las pruebas presentadas”.

La realidad es que en la institución tendría que haber dinero que no está, y tampoco existen registros contables que demuestren en qué se gastó ese dinero, por lo tanto la respuesta es más que obvia.

Haciendo un poco de historia el hospital se presentó en concurso de acreedores en el año 2008 y ese concurso se homologó en el 2010, es decir que la sociedad venía con una situación complicada previamente. Pero todas las deudas del 2010 en adelante fueron todas deudas pos concursales y “ahí hay un tema jurídico en el medio, es decir que la deuda del concurso tiene otra responsabilidad, porque para disponer de los bienes se necesita autorización judicial, aparecen estas cesiones que deberían estar autorizadas por el juez y no fue así”, indicó Dei Cas.

Por lo tanto, “hay muchos ilícitos que se cometieron adentro del hospital, más allá que no tenemos la menor idea de dónde está el dinero, porque el 30 por ciento se quedó la financiera, del 70 por ciento restante, la mitad entró por transferencia y la otra mitad entró en efectivo y no tenemos la menor idea de dónde está. Además de que las cuentas de la sociedad, cuando nosotros llegamos estaban en rojo. A eso hay que sumarle 1.600 cheques rechazados y no sabemos cuánto más va a aparecer. Una situación muy dura y difícil de describir”, graficó el contador.

Por su parte, Dotta aclaró que “nosotros presentamos una denuncia penal para que se investigue porque vimos que hay cosas que nos llaman la atención y que consideramos que son ilícitos. Se lo llevamos a quien corresponde para que ellos investiguen y determinen si realmente existió el ilícito y en ese caso quiénes fueron los culpables, pero eso no es atribución nuestra”.

Elección de interventores

El contador Dei Cas explicó que “el procedimiento que se realizó para la elección de los tres interventores fue pedir al Colegio de Médicos, al Colegio de Abogados y al Consejo de Ciencias Económicas  que llamen a concurso y que ellos presenten ternas para que el juez elija. Entonces se realizó dentro de cada colegio un concurso interno de donde salieron las ternas de las cuales después el juez decidió quienes serían los interventores”.

También indicó que “nos conocimos en el hospital y trabajamos como equipo y por mayoría, si hay dos que están de acuerdo el otro tiene que aceptar, pero no nos cuesta tomar las decisiones porque tenemos un mismo objetivo y es que el hospital funcione y que no caiga en una quiebra, lo cual implicaría que se quede toda la gente en la calle, además de conservar los puestos de trabajo, es nuestra mayor preocupación”.

Luego de la evaluación del juez y que uno de los interesados tome la administración del hospital “quedará la Sociedad de Beneficencia con lo producido del canon locativo y lo que le quede disponible tratando de ver cómo resolver las deudas y si las puede arreglar”, indicaron porque la situación es crítica y resulta urgente resolverla.

En este sentido y para graficar con más elocuencia la situación, contaron que “la semana pasada apareció en la cuenta un cheque de casi tres millones de pesos para pagar, que no está registrado en ningún lugar, no sabemos qué se pagó con ese cheque porque se emitió al portador”.

De todos modos, “aunque ese cheque no se pague, nos significa una multa de 100 mil pesos que sí la tenemos que pagar, esa es la realidad”, se lamentaron.

De todos modos, “estamos esperanzados, tuvimos la primera audiencia pos entrada en conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo, los puntos que se analizan en esa audiencia fueron como vienen las tratativas si viene algún inversor que se haga cargo y cómo le estamos pagando a la gente”, indicó Dotta.

Después de algunos contrapuntos, el médico explicó que “cuando todos nos dimos cuenta que queríamos lo mismo, las cosas se empezaron a facilitar y ahora estamos trabajando de común acuerdo con ellos (el sindicato), en comunicación permanente y con el personal directamente también”.

El personal había iniciado un paro que significaba un serio riesgo para el funcionamiento del hospital. Un día no cocinaron para las personas internadas. “Esa situación era inminente de tener que evacuar el hospital y cerrarlo, y si eso pasaba no se abría nunca más”, explicó el doctor.

“Ese fue un momento de quiebre en que todos se dieron cuenta y se calmaron un poco las aguas y todos aceptaron la conciliación obligatoria sin ningún problema. El vencimiento es el 5 de mayo y para esa fecha ya vamos a saber cómo sigue o quién se va a hacer cargo del hospital”, explicó Dotta.

El consejo de administración de la Sociedad de Beneficencia fue destituido por el juez y ninguno de sus miembros hizo una presentación en contrario a esa resolución.

Según pudieron saber los interventores, “del total de ocho personas que integraban el consejo directivo, había seis o siete que no aparecían nunca y que creyeron que no apareciendo quedaban exentos de responsabilidades y no se dieron cuenta que era exactamente al revés. Ahora van a ser culpables de algo en lo que no participaron”, explicó Dotta.

En el mismo sentido, Dei Cas agregó “el consejo lo manejaban entre dos, el presidente y el secretario junto con el manager que habían contratado”.

Cabe recordar que quienes integraban la comisión directiva antes de la intervención eran el abogado Pablo Melvin como presidente, el médico José María Drovetta como secretario y Martín Drovetta, como gerente financiero, acompañados por el ‘manager’ Carlos Neme.

Finalmente, Alejandro Dotta y Ricardo Dei Cas destacan que “la continuidad del hospital está garantizada, sea en las manos de quien sea porque para eso vinimos”.

Además agregó que “estamos esperanzados en que de forma rápida se concrete una de estas tres alternativas y con eso nosotros nos sentiríamos muy satisfechos con nuestra función”.

Dotta aclaró que “si se concreta una de las tres propuestas que se hará cargo del hospital, nosotros deberíamos seguir administrando la Sociedad de Beneficencia, con los acreedores haciendo cola y nosotros repartiendo lo que vayamos juntando”.

El último paso de la gestión de los interventores será normalizar la Sociedad de Beneficencia, revisar el estatuto, llamar a empadronamiento de socios, llamar a elecciones y que la nueva comisión directiva se haga cargo de la sociedad.

Por otra parte, Marcelo Liparelli, secretario adjunto de Atsa Rosario explicó que “tuvimos una reunión en la Secretaría de Trabajo y estamos esperanzados en cuanto a que hay tres oferentes para tomar la administración del hospital y está en manos del juez la resolución. La intervención está haciendo un pedido de aclaración al igual que el sindicato para ver las decisiones que van a tomar con respecto al personal y a la deuda de salarios”.

“La situación de los empleados desde hace varios meses está bastante deteriorada, están cobrando los sueldos a cuentagotas, recién cobraron un 30 por ciento del mes de enero y les deben febrero y marzo, más el aguinaldo completo del año pasado y el aumento por paritarias del año pasado que tampoco se pagó”, se quejó el sindicalista.

No es poco lo que está en juego en esta decisión, indicó Liparelli porque “estamos hablando de 385 empleados de planta y a eso le tenemos que sumar todos los médicos que haría un total de 500 familias”.

“Los empleados tienen claro que quieren seguir sosteniendo al hospital Italiano que es una gran institución de la ciudad de Rosario, lograr que alguien se haga cargo de la administración seriamente y tenemos mucha fe que si alguien serio viene acá este hospital puede dar grandes satisfacciones a los trabajadores, a la actividad sindical y a toda la comunidad de Rosario”, auguró el dirigente.

Finalmente, dijo que “las exigencias nuestras son que quien venga a administrarlo tome a todos los trabajadores, con su antigüedad, que ingrese pagando un sueldo y que se reconozca toda la deuda y acordar la forma de pago”, sentenció.