Diputados piden a Milei que informe cuál es el acuerdo Mercosur- UE y cuántos puestos de trabajo se perderán
El bloque de Unión por la Patria advirtieron que "esta situación habilitaría el ingreso irrestricto de muchos productos europeos, con especial énfasis en su producción láctea hacia los países del Mercosur".
- Conclusión en Buenos Aires
- Oct 17, 2024
Diputados del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional “información precisa” para ponderar y cuantificar el impacto de la firma del acuerdo entre el Mercousur y la Unión Europea, cuántos empleos se perderían en el sector productivo argentino y como afectaría las preferencias arancelarias en la producción y en las exportaciones nacionales.
Además, el bloque peronista quiere saber qué estudios y qué información tiene el Gobierno nacional sobre cuánto mercado perdería Argentina con este acuerdo, especialmente con Brasil, el destino prioritario de las exportaciones industriales nacionales.
El proyecto de resolución, impulsado por el ex canciller y actual diputado Santiago Cafiero, es acompañado por la firma de los y las legisladores Roxana Monzón; Lorena Pokoik; Santiago Cafiero; Guillermo Snopek; José Glinski; Natalia Zabala; Florencia Carigniano; Beba Aguirre; Jorge Araujo Hernández; Leila Chaer; Martín Soria; Nancy Sandoval; Carlos Heller, Roberto Mirabella y Jorge Romero, y solicita toda aquella “información relativa al desvío de comercio de bienes industriales, especialmente de la cadena automotriz en su relación con la industria de la República Federativa del Brasil”.
Cabe recordar que algunos aspectos del Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE comenzaron en el año 2000 y recién en 2019, se realizó la firma con representantes de ambos bloques. Sin embargo, ese mismo año la UE aprobó el Pacto Verde en materia de protección ambiental, y solicitó reabrir las negociaciones para avanzar con propuestas de desarrollo sostenible de cara al Mercosur. Ante esa situación, los Estados sudamericanos también exigieron poner otros tópicos sobre la mesa de las negociaciones, como derechos de importación, compras públicas, empresas estatales, entre otros.
Puntualmente, el acuerdo permitirá a las empresas europeas vender sus productos industriales en un mercado altamente protegido, cuyos aranceles al automóvil, calzado y textiles rondaban hacia 2019 (fecha del Acuerdo Político) en un 35%, mientras que las autopartes entre un 14% y 18%, los de maquinaria entre un 14% a 20%, los de productos químicos un 18% y los farmacéuticos entre 14% y 18%.
También en 2019 se calculaba que, en el sector agrícola, el Mercosur eliminaría sus aranceles en productos como chocolate (20%), vinos (27%), gaseosas (20% al 35%) y lácteos (28%), ingresando estos últimos en un sistema de cuotas. Esta situación habilitaría el ingreso irrestricto de muchos productos europeos, con especial énfasis en su producción láctea hacia los países del Mercosur. A todo esto, el Mercosur también se comprometería a proteger 357 denominaciones de origen europeo.
Los diputados peronistas ponen el acento en la “notoria asimetría entre los bloques que sigue siendo una constante y un problema mayor. Esta situación debe encender las alertas en el marco de la negociación para el resguardo de las particularidades del tejido productivo nacional”.
Por ello los legisladores nacionales también reclaman información relacionada con el impacto de la normativa ambiental europea sobre las exportaciones agropecuarias, forestales y otras de la Argentina, incluyendo el impacto sobre las economías regionales. Cabe destacar que, debido a estos requerimientos particulares, habrá un impacto directo sobre las exportaciones nacionales, por lo cual resulta necesario conocer si el PEN ha tratado estos puntos con los sectores exportadores argentinos, en particular aquellos de origen industrial, respecto de los efectos futuros.
También se solicitan que el gobierno nacional que explique las cuotas de exportación de productos sensibles para la Unión Europea que establece el mencionado Acuerdo, y el tratamiento que se le haya dado a la política de subsidios al sector agrícola de la Unión Europea y su consecuente medición de impacto sobre la recaudación y en la balanza comercial.