El gobierno decidió cambiar el índice de actualización de jubilaciones y pensiones
Se consumó a través del decreto 807/2016, firmado por el presidente. El objetivo de esta determinación es frenar la posibilidad de nuevos juicios contra el Estado por una eventual liquidación errónea de haberes.
El gobierno nacional decidió cambiar desde hoy el índice de actualización de jubilaciones y pensiones con el objetivo de frenar la posibilidad de nuevos juicios contra el Estado por una eventual liquidación errónea de haberes.
Las remuneraciones históricas tomadas en cuenta para calcular el salario promedio a partir del cual se liquidará la jubilación serán actualizadas de la siguiente manera: hasta el 31 de marzo de 1995 se aplicará el Índice Nivel General de las Remuneraciones (Ingr). Y luego, entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, se aplicará la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) calculada por la Secretaría de Seguridad Social.
Para la elección de los nuevos parámetros se tuvo en cuenta que ambos índices no se limitan a un sector de la economía en particular sino que reflejan la evolución de los salarios declarados por los empleadores de todos los sectores y que, de esta manera, su aplicación va a permitir «una justa y adecuada actualización de las remuneraciones a considerar».
«Además el Ripte agrega la condición de estabilidad del trabajador como variable adicional complementaria, y se ha mantenido en cifras similares al Índice de Salarios Nivel General del Indec, que es el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elegido específicamente para reajustar por movilidad entre los años 2002 y 2006», dice el decreto.
Así, la administración de Mauricio Macri decretó una modificación en la forma de calcular el índice de actualización de las jubilaciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), con el objetivo de «interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios».
La decisión fue determinada por el decreto 807/2016 publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El decreto también sostiene en su argumentación que «el problema de la litigiosidad no se constata solamente en la gran cantidad de juicios, sino también en la larga duración de los pleitos, en los que muchas veces se discuten cuestiones que ya se encuentran zanjadas por la jurisprudencia».
Por esa razón, la normativa indica que a fin de abordar la problemática también desde esta perspectiva, el Estado Nacional ha decidido colaborar con la disminución de los tiempos de los procesos judiciales, instruyendo a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que no interponga recursos extraordinarios en aquellos supuestos en que el resultado sería desfavorable, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales existentes.