Brasil: Dilma Rousseff, ante su histórico veredicto en el Senado

Dilma Rousseff enfrenta a partir de este martes el veredicto del Senado sobre su destitución, al final de un juicio político que, según los últimos cálculos, despedirá a la izquierda en el poder de Brasil.

Combativa y por momentos sonriente, quedará para la historia la imagen de la presidenta defendiéndose en una sesión maratónica y continua. «No acepten un golpe que en vez de solucionar, agravará la crisis brasileña», pidió Rousseff al pleno de 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado.

«Pido que voten contra el impeachment y en favor de la democracia», señaló.

La votación final ocurre tras nueve meses traumáticos luego de que se lanzara este proceso de «impeachment». En la jornada de este martes los senadores iniciaran sus deliberaciones para dar paso posteriormente a la decisión final.

Dilma Rousseff, primera mujer en alcanzar la presidencia de Brasil, fue suspendida del poder en mayo acusada de maquillar las cuentas públicas. Desde entonces, su exvice y ahora enemigo político, Michel Temer, gobierna el país de forma interina.

Resistir

Si todo sale tal como pronosticaron los sondeos, Dilma será destituida y Temer será oficialmente el próximo presidente de Brasil hasta 2018, cuando se celebran nuevas elecciones. Para ello se requiere que 54 senadores condenen a Rousseff.

Un final trágico para esta ex guerrillera de 68 años, curtida de batallas, que gobierna Brasil desde 2010 y que heredó un país en pleno boom económico, motor de crecimiento en la región.

En esos años dorados, el país fue elegido para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa Mundial de Fútbol (2014).

Pero su imagen ha sufrido un fuerte desgaste a la par del deterioro de la economía, el crecimiento brutal del desempleo y la inflación.

Las revelaciones de una trama delictiva en torno a Petrobras, que le costaron a la petrolera más de 2.000 millones de dólares, fueron la gota que derramó el vaso.

«No esperen de mí el silencio de los cobardes», aseguró Dilma y convocó a «resistir y resistir».

Pero su partido ya no tiene la misma convocatoria. Con pancartas de «Fora Temer. Que el pueblo decida» y «No va haber golpe», decenas de manifestantes de organizaciones de izquierda como los Trabajadores sin Techo y la Central de Movimientos Populares bloquearon con cauchos incendiados importantes avenidas y autopistas de San Pablo, congestionando el ya caótico tránsito.

La noche del lunes, la policía dispersó con bombas de gas lacrimógeno a varios miles de manifestantes que protestaban en la neurálgica avenida Paulista, mientras que unas 2.000 personas se convocaron en Brasilia al grito de «Volta Dilma!».

Su lucha fue casi en solitario. De la amplia coalición que heredó, uno a uno la fueron abandonando. Actualmente, tiene un apoyo de apenas un 13%.

Dudas sobre el Senado

Los escándalos salpican a toda la clase política y a la élite brasileña, tanto de izquierda como de derecha. Y en este juicio político volvieron a emerger interrogantes sobre la legitimidad que puede tener este Senado para emitir un veredicto, cuando tiene a más de la mitad de sus miembros involucrados o investigados por casos de corrupción.

«Buena parte del tribunal se beneficia del resultado de este juicio», recordó el senador del PT, Jorge Viana.

La presidenta acudió al hemiciclo acompañada del ex presidente Lula, considerado su padrino político, quien también se encuentra inculpado e investigado por varios casos de corrupción y obstrucción de la justicia.

Fue un discurso dirigido a una nación entera, más que a los senadores que, en su mayoría, tienen una opinión formada. Le siguió un maratónico interrogatorio por detractores y aliados.

Recordó sus años de víctima de la dictadura (1964-1985), cuando fue presa y torturada. «Tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura… pero resistí».

El «impeachment» cierra cuatro ciclos de izquierda del emblemático Partido de Trabajadores (PT) en el poder.

Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar las cuentas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015.

Su defensa aduce que las prácticas cuestionadas también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.

La oposición argumenta que eso precipitó la crisis del país.