Más problemas para De Vido: sumó nueva imputación
El ex ministro de Planificación Federal fue imputado por el fiscal federal Ramiro González en causa que investiga presunto desvío de fondos destinados a la remodelación del Anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María.
El fiscal federal Ramiro González imputó esta mañana al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en una causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a la remodelación del Anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de una causa iniciada en el fuero federal de Córdoba que por incompetencia ahora recayó en los Tribunales de Comodoro Py, ya que el convenio por el traspaso de fondos entre la Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Córdoba fue firmado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de junio 2009.
También fueron incluidos en la imputación el entonces subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex presidente del Concejo Deliberante de Córdoba, Marcelo Suppo; la ex secretaria de
Economía de la Municipalidad de Villa María, Verónica Alegre; y Rodolfo De Falco, ex presidente del tribunal de cuentas de esa ciudad.
La causa se inició por una denuncia hecha ante la fiscalía federal de Villa María pero finalmente recaló en los tribunales de Comodoro Py por incompetencia.
Según la denuncia de José Benedicto Naselli, la irregularidad fue a raíz que los fondos que iban destinados a la remodelación del anfiteatro de Villa María terminaron en manos del Eninder (Ente Intercomunal constituido por varios municipios pequeños).
Desde la Subsecretaría de Obras Públicas estaba prevista la entrega de unos 19.443.246,98 al Municipio de Villa María para remodelar el afinteatro, cuando la obra habría sido realizada con fondos propios de dicho ente municipal con tan solo unos 9.427.921 de pesos.
Ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal pidió abrir una investigación que ahora tiene en la mira a De Vido, quien ayer fue enviado a juicio oral y público en la causa por la tragedia ferroviaria de Once y al ser acusado por descarrilamiento culposo, a raíz del accidente; y por administración fraudulenta, por irregularidad en la entrega de fondos públicos que recibía la entonces concesionaria TBA a cargo de la línea Sarmiento.