Investigan a un senador provincial por presuntos actos de corrupción

Un senador provincial es investigado por la Justicia por presuntos hechos de corrupción. La denuncia fue presentada por el abogado Luis Rossini de Cañada de Gómez contra el legislador Hugo Rasetto del departamento Iriondo por el presunto delito de desviación de fondos hacia una fundación, en lo que sería una defraudación a la administración pública.

En diálogo con Conclusión el letrado Luis Rossini indicó que “el origen de la investigación tiene que ver con datos revelados por el programa de Jorge Lanatta donde daba a conocer que los senadores de Santa Fe tiene una asignación mensual cada uno de medio millón de pesos para disponer libremente, siempre que sean para fortalecer instituciones, es decir para repartir en los clubes o fundaciones”.

“A partir de allí observamos que el senador Rasetto direccionaba muchísimos de esos fondos a una fundación que estaba fuera del territorio del departamento Iriondo y nos llamó mucho la atención porque el resto de los senadores lo reparten con las instituciones que pertenecen a sus departamento”, indicó Rossini.

Por otra parte, aclaró que “el dinero era desviado hacia Villa Gobernador Gálvez, pero en realidad se trataba de una fundación inexistente, porque en el lugar declarado hay un taller mecánico”. La fundación se denominaba IntegraFe y las actividades son incomprobables y “se logro comprobar que la fundación pertenece al propio senador”.

En cuanto a los destinos de los fondos, Rossini indicó que “lo que hace con ese dinero es algo que desconozco y no puedo probar en este momento, si bien tengo mi impresión”, pero además hizo una aclaración en relación a los dichos del senador sobre que “lo que él hacía en esa fundación es lo mismo que podría hacer el Senado con el dinero”.

El punto central del caso es que “al haber direccionado el dinero a una fundación de él se apropió del dinero del Estado indebidamente y eso es defraudación en la figura del artículo 174 inciso 5 del Código Penal de la República Argentina”, indicó el letrado.

En este sentido indicó que “la pena prevista para este delito es de un máximo de 6 años de prisión, pero él tiene fueros parlamentarios, o sea que se puede hacer toda la investigación hasta la etapa que se lo cite a indagatoria y luego si no se hace un desafuero, el expediente queda archivado hasta que se terminen los fueros”, concluyó.

La denuncia fue presentada en la oficina Anticorrupción de Rosario, a cargo de la fiscal Karina Bartocci y a la fiscalía de Delitos Económicos Complejos a cargo del fiscal Adrián Mac Cormack.

A continuación el video con la palabra del abogado Luis Rossini al cable de Cañada de Gómez: