El Congreso de EE.UU. anuló el veto de Obama a una ley vinculada al 11-S
Sobrevivientes y familiares de víctimas de los atentados a las WorldTrade Center (incluidas las Torres Gemelas) y graves daños en el edificio de El Pentágono, podrán demandar a Arabia Saudita por su posible complicidad.
El Congreso de Estados Unidos anuló rotundamente el veto del presidente Barack Obama a la ley S. 2040, la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores de Terrorismo (JASTA, por sus siglas en inglés), con una votación de 97 a 1 en el Senado a favor de la anulación, y una votación de 348 a 77 en la Cámara de Representantes. La anulación requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, y se consiguió con un amplio margen bipartidista.
Las implicaciones son profundas y de largo alcance.Ahora que JASTA es una ley en vigor, se eliminan los resquicios que habían impedido a los sobrevivientes y familiares del 11-S demandar al Reino de Arabia Saudita ante los tribunales federales de Estados Unidos por su posible complicidad.
Ya se ha programado una audiencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para noviembre próximo, en la cual las familias afectados por los atentados podrán finalmente confrontar directamente a la monarquía saudí y obtener mayores evidencias del apoyo que habría dado el gobierno saudí a los secuestradores del 11-S, de los cuales 15 sobre 19 eran ciudadanos saudíes.
La oportunidad para exhibir pruebas sobre el papel saudí en esos ataques de septiembre de 2001, es ahora mayor en virtud de que el pasado 15 de julio de 2016 se publicó el capítulo de 28 páginas del informe de 2002 de la Investigación Conjunta del Congreso, el cual reveló pruebas que hasta entonces se habían mantenido en secreto, sobre el papel del ex embajador saudí en Estados Unidos, el príncipe Bandar binSultan, en el apoyo de cuando menos dos de los terroristas, junto con las pruebas de los nexos de los secuestradores con varios otros funcionarios saudíes en todos los niveles del gobierno y de la familia real.
Dudas sobre el príncipe Bandar
El papel del príncipe Bandar en los ataques es de importancia especial, debido a sus vínculos estrechos a la familia Bush y más todavía a los británicos. Bandar fue el negociador, junto con la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, del acuerdo Al Yamamah, un acuerdo de trueque de armas británicas por petróleo saudí.
Bajo el acuerdo Al Yamamah, se almacenaron cientos de miles de millones de dólares en cuentas secretas extraterritoriales conjuntas anglo-saudíes, con el propósito de financiar el terrorismo, asesinatos y golpes de Estado en todo el mundo.
Un prominente miembro de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que también es un personaje importante en la élite de defensa británica, advirtió de manera franca, recientemente, que si se llegara a promulgar la ley JASTA en Estados Unidos, la monarquía británica y el gobierno británico podrían ser demandados, junto con los saudíes.
Primer rechazo a un veto
Es esta la primera vez que el Congreso estadounidense rechaza un veto presidencial a Barack Obama desde que llegó a la Casa Blanca en 2009.
«No podemos permitir más que aquellos que hirieron y mataron a estadounidenses se escondan detrás de lagunas jurídicas negando justicia a las víctimas del terrorismo», dijo el congresista republicano Bob Goodlatte, presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes.
«Eliminar el veto presidencial es algo que no nos tomamos a la ligera», dijo por su parte el senador demócrata ChuckSchumer, de Nueva York, uno de los autores del proyecto de ley en el Senado. «Pero es importante en este caso que las familias de las víctimas del 11-S puedan buscar justicia, incluso si esto causa algunos problemas diplomáticos», añadió el congresista demócrata.
Obama vetó la legislación el pasado 23 de septiembre alegando que pone en peligro a funcionarios estadounidenses en el extranjero protegidos por la inmunidad y porque puede complicar las relaciones de Washington con socios clave como Arabia Saudí. Obama teme que la aprobación de esta ley creará un precedente legal y que funcionarios estadounidenses podrían perder la inmunidad y ser demandados en tribunales extranjeros en respuesta a esta ley.
Las familias de las víctimas habían expresado su deseo de poder demandar a funcionarios saudíes por sus presuntos vínculos con los terroristas que secuestraron los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono.