El CELS contra la destitución del defensor público de Santa Fe

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de los abogados Diego Ramón Morales y Paula Litvachky, envió una nota al presidente del senado santafesino, Vicegobernador Carlos Fascendini, a los fines de hacerle llegar una vez más su preocupación ante el nuevo intento de someter a remoción al Sr. Defensor Provincial, Gabriel Ganon, argumentando “mal desempeño”.

En el mismo expresan que los hechos objeto de la denuncia no configuran la causal de juicio político que se invoca, “mal desempeño”, dado que en ninguno de ellas el Defensor Provincial actuó contrariando sus obligaciones como Defensor General de la Provincia. Ninguna de las causales invocadas se relaciona –en concreto- con un mal ejercicio de su trabajo como defensor.

Más allá de analizar algunas de las denuncias en detalle, los representantes del CELS consideran necesario puntualizar que éstas deben ser leídas, en su conjunto, como un posible avasallamiento por parte del poder legislativo de las funciones asignadas al defensor provincial. El rol de defensor general debe contar –tal como lo establece la legislación provincial, la constitución nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos con un nivel de autonomía e inmunidad que no permita que aquellas acciones realizadas en resguardo de derechos, principios y garantías constitucionales de los habitantes de la provincia, que pueden conllevar conflictos con otros poderes u organismos, le generen una amenaza de destitución.

Además, indican que algunos de los legisladores que ahora piden el inicio de un nuevo juicio político coinciden con aquél grupo de 17 senadores que presentó en mayo de 2014 un pedido de remoción contra el Dr. Ganón, también por la causal de mal desempeño, incluyendo varios de los hechos denunciados en el pedido de este año, advirtiéndose rápidamente que esos legisladores se han pronunciado de manera previa al juicio, colocándose – para el caso de que prospere el proceso – en el estado de ser “jueces y parte”.

También ponen de manifiesto que en la denuncia no hay desarrollo sobre los argumentos jurídicos ni sobre las medidas legislativas que aseguran el acceso a la justicia de todas las personas, y en particular,el acceso a la justicia de aquellos que son víctimas en casos de violencia institucional.

En el texto citado, los representantes del CELS continúan exponiendo punto por punto sobre la denuncia formulada contra el Dr. Ganón pero hacen hincapie en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del procedimiento desatado en contra del Defensor General que más que determinar el mejor o peor desempeño de su cargo busca ponerlo nuevamente ante un juicio político por el ejercicio, precisamente, de su función legal y constitucional.

La Comisión IDH ha señalado que, al igual que respecto de los jueces, es indispensable que los fiscales y defensores públicos gocen de “cierta estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia.

Por eso, en atención a la naturaleza sancionatoria de los procedimientos disciplinarios y de los riesgos que envuelve la libre remoción de operadores judiciales para el acceso a la justicia, la Comisión afirma la necesidad de que se observe el principio de legalidad y las garantías del debido proceso. Estas garantías deben ser respetadas por los Estados “con independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía interna, sea cese, destitución o remoción.

Termina la nota del CELS advirtiendo que Gabriel Ganón, es un defensor con una excelente trayectoria, teniendo en cuenta, no sólo el trabajo que viene desarrollando en la Provincia de Santa Fe, entre los que destacamos la creación del registro de casos de torturas en el ámbito local, sino su paso por la Provincia de Buenos Aires. Se ha destacado por su tenaz defensa de los derechos humanos, particularmente de las personas más vulnerables. En este sentido, varios de los fundamentos utilizados para sostener el pedido de remoción del Dr. Ganon, son una consecuencia directa del ejercicio de sus funciones y su libertad para opinar en temas de interés público.

Por todo lo expuesto el CELS entiende que la denuncia debe ser desestimada y/o darle fin al proceso de destitución. De lo contrario, se estará siguiendo el proceso, con la preocupación manifestada anteriormente. En caso de ser necesario, pedimos que se nos conceda una audiencia a los fines de acercar a los señores legisladores su preocupación por el presente caso.