«Desde el punto de vista institucional es preocupante esta decretomanía»

Por Marcelo Chibotta

La modificación de la ley de Riesgos del Trabajo que el gobierno nacional estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, establece que desde ahora la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán “obligatorias y excluyentes” y que funcionarán como una “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la Justicia por cualquier reclamo de indemnización por enfermedad o accidente.

Por tal razón, Conclusión conversó con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo, quien ni bien iniciado el diálogo dejó una postura clara: “En líneas generales esto no contribuye a reducir la siniestralidad, porque aquello que podría hacerlo es una verdadera ley de prevención laboral que no tenemos todavía”.

“Nosotros siempre reclamamos desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de la prevención, acá no hay prevención y lo vemos en los accidentes que hay. Hace poco, en aproximadamente un mes y medio, tuvimos tres casos de muerte de trabajadores tercerizados en el rubro eléctrico”, apuntó.

Por ello, Elizondo se refirió a la “reducción de la siniestralidad”, uno de los principales argumentos sobre los cuales el gobierno justificó la sanción del decreto: “La siniestralidad comienza a partir de la precarización de los propios trabajadores que trabajan en condiciones no seguras y cualquier reclamo por parte de ellos supone el despido”.

Seguidamente el laboralista estimó que “lo que hay que plantear simultáneamente es hacer una verdadera ley de riesgos laborales en todo el país, la universalización de los comités mixtos de salud y seguridad, y que sean obligatorios como lo son en la provincia de Santa Fe aunque después habría que ver cómo funcionan”.

“Hay que partir de la base de que son los propios trabajadores los que tienen que controlar la situación, de manera tal que no quede todo exclusivamente en manos de los organismos de aplicación, de las ART o del ministerio de Trabajo porque ya sabemos lo que está pasando”, advirtió.

Enseguida, el titular de los abogados laboralistas de Rosario agregó que para ello “los trabajadores deben formarse en lo que refiere a la prevención de los riesgos de trabajo”, además de considerar que hay que aplicar  el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores establecido por la Organización Internacional del Trabajo, que “determina tres derechos fundamentales para los trabajadores, siendo el primero de ellos el de la participación en la prevención de los riesgos de trabajo, el segundo es el que permite exigir o reclamar la mejora en las condiciones laborales y el tercero es a rehusarse a trabajar en condiciones de inseguridad”.

Asimismo, Elizondo indicó que la razón fundamental que tiene el decreto “es tratar de desalentar lo máximo posible los juicios contra las ART y contra las empresas”, además de señalar que “el objetivo del decreto y la urgencia con la que se pretende imponerlo, no es por el hecho de la siniestralidad, sino por la judicialización de los accidentes y las enfermedades de trabajo”.

Según las pretensiones del gobierno “las provincias deberían aceptar este sistema que establecen para el funcionamiento de las Comisiones Médicas que serían una especie de tribunales administrativos que en sí no son inconstitucionales pero de lo que se trata es que la persona afectada no vaya a la Justicia”.

“Si las provincias aceptan este sistema, tienen que adaptar el sistema procesal a las exigencias de este decreto, entonces todo esto tiende a tornar bastante difícil la posibilidad de que el trabajador pueda percibir una indemnización razonable, acorde a la incapacidad producida por el hecho dañoso”, describió.

Más adelante, indicó que “el proyecto se podría haber mandado a (las sesiones) extraordinarias, pero emiten este decreto cuando el Congreso está cerrado, aunque el mismo existe desde octubre”.

“Desde el punto de vista institucional es preocupante esta ‘decretomanía’ que reaparece porque después con los hechos consumados podrán hacerle algunos retoques, pero el objetivo principal ya está cumplido”, aseveró.

Sin detenerse en la cuestión de la formalidad en cuanto al establecimiento de la norma, el abogado rosarino añadió: “Además con ello los trabajadores deberán pasar por las ‘Horcas Caudinas’ de un procedimiento administrativo que ya sabemos a que conducen, ya que en la mayor parte de los casos se resuelven a favor de las ART”.

“También tenemos que tener en cuenta quienes integran esas Comisiones Médicas», advirtió. Para luego preguntarse: «¿Son funcionarios estatales? ¿Tienen estabilidad?». Y enseguida responder que “no la tienen, son médicos y algunos de ellos, a veces, están vinculados a las ART”.

En este sentido volvió a considerar el tema con otra pregunta: «¿Cómo podemos pensar en un tribunal administrativo, que en sí mismo no sería inconstitucional, integrado solamente por médicos que no tienen facultades para producir pruebas salvo en materia médica? Por más que los abogados podamos entrar a las Comisiones Médicas, nosotros sostenemos que la provincia no debe adherir a este sistema y debe rechazarlo expresamente”.

Sin lucir conforme con lo explicado, Elizondo fue más allá cuando expuso que “otro tema más preocupante todavía es la intención que tienen de aprobar otro decreto que reflexibilice las normas laborales, que establezcan las pasantías o sistemas como el de Vaca Muerta o del convenio que hicieron con la Marina Mercante, en donde se establece una clara disminución de los derechos laborales conquistados por los trabajadores”.

Finalmente, el abogado laboralista expresó que “la intención es la de liquidar los convenios existentes y reemplazarlos por convenios reflexibilizados, siendo esto mucho más grave porque implica crear las condiciones para una mayor precarización de las relaciones laborales con el argumento de que se van a poder registrar muchos más trabajadores, pero con condiciones inferiores”.

“Y lo peor del caso es que ello va a provocar un desfinanciamiento de la seguridad social porque también se le reduce al empleador el porcentaje destinado a los aportes de la seguridad social”, concluyó.

Foto: Gentileza Indymedia Argentina