Estafaron a unos 400 extranjeros con ciudadanías falsas

Unos 400 extranjeros fueron estafados al obtener una ciudadanía que varios años después resultó ser trucha, dejándolos sin identidad y con el riesgo de ser deportados o ir a la cárcel, mientras que por el hecho sólo condenaron a una pena menor a una empleada judicial y el juez que firmó las cartas fue sobreseído.

La única condenada fue la empleada de la Secretaría Electoral, Olga Liliana Borneo Santillán, que recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 70 pesos.

En tanto, el magistrado Ricardo Bustos Fierro fue sobreseído porque consideraron que su error «no fue de mala fe». Si bien entre los afectados hay ciudadanos paraguayos, peruanos, brasileños e italianos, entre los casos más graves figura el de varios chinos, que para naturalizarse argentinos tuvieron que renunciar a la ciudadanía china, por lo que ahora están considerados como «apátridas» y no tienen cómo identificarse, según publicó un matutino porteño.

Un caso testigo es el de Wei Jiahe, un hombre de 50 años, que llegó a la Argentina a fines de 2001, vive en Capital Federal, tiene un hijo argentino, es propietario de un comercio e hizo el trámite entre 2005 y 2006.

Sin embargo, su abogada Débora Huczek reveló que 10 años después le revocaron la carta de ciudadanía y lo dejaron sin identidad.

«Mi cliente se enteró que las cartas de ciudadanía las estaban tramitando en Córdoba y se presentó en 2005 junto con otros paisanos suyos, acreditando los requisitos necesarios, como tener una residencia mayor a dos años en el país y no tener antecedentes penales ni aquí ni en China», explicó Huczek.

Un año después, el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba aceptó extender la carta y Wei juró ante el juez, con lo que se consumó su cambio de ciudadanía.

La letrada contó que «desde ese entonces, él viajó en nuestro país, también al exterior, tiene un comercio y hasta votó, ejerciendo su derecho como ciudadano».

«Utilizó su DNI y pasaporte durante una década, hasta que en octubre pasado recibe una notificación del Renaper donde lo intiman a devolver el DNI porque había sido anulado. Todos los que tramitaron la ciudadanía ahí se enteraron al recibir la notificación en sus casos. Incluso algunos no se enteraron porque se mudaron», precisó la especialista en Derecho Penal y Migratorio.

Además, aclaró: «Lo que mi cliente no sabía era que no tenía que ir a Córdoba, sino hacerlo en un juzgado más cercano a su domicilio. El lo desconocía, pero no sólo que acreditó todos los requisitos sino que también juró frente al juez, por lo que jamás dudó. Ni el juez dudó».

Sobre el motivo por el que dejaron sin efecto las cartas, precisó: «Había una empleada, Olga Liliana Borneo Santillán, que durante cinco años recibió las cartas, hasta que comenzó a correr el rumor de que ella cobraba. Mi cliente jamás pago, contrató a su gestora y cumplió con todo».

«A raíz de los rumores se inicia una investigación. Así fue que detectaron que la mujer en algunas causas falsificó las firmas del juez, en otras, como la de mi cliente, no pasaba las cartas para que sean revisadas por el fiscal. Entonces, por un error interno del juzgado, mucha gente se quedó sin ciudadanía», lamentó la abogada.

Y apuntó: «Es una formalidad de la cual mi cliente no pudo haberse enterado. En el fallo dijeron que el juez Bustos Fierro fue víctima de esta situación, por creer en una empleada en la cual confiaba. Si él, que hoy sigue en funciones, fue engañado, ¿mi cliente qué puede esperar? Pero igualmente lo dejaron como apátrida, cuando deberían haberle mantenido la ciudadanía, que es un derecho».

Huczek mencionó que el juicio «se resolvió sobre él sin que se pueda defender, porque no figuraba como imputado ni lo llamaron a declarar».

«Por ahora conserva su DNI porque nosotros interpusimos una cautelar, pero no puede transitar libremente, salir del país y hasta corre riesgo de ser expulsado. Está preso en su ciudad», agregó.