Con el cierre de otra empresa se acentúa la crisis frutícola
En la localidad de General Roca cierra Moño Azul y comenzaron a discutirse las condiciones de despido de 30 trabajadores. El gremio reclama que se pague la totalidad de las indemnizaciones.
Lejos de fortalecer las economías regionales, la crisis frutícola hace estragos en el interior del país. En ese contexto otra firma comenzó un proceso de cierre que derivará en el despido de sus 30 trabajadores.
El conflicto por estas horas está dado mediante negociaciones informales, en las que avanza una propuesta de pago que divide las aguas entre los trabajadores de Moño Azul, que habría ofrecido una suma fija a dividir entre la totalidad de los trabajadores.
El ofrecimiento representaría aproximadamente el 60% del monto correspondiente a la indemnización. Para los trabajadores con mayor antigüedad, ese porcentaje representa una suma muy significativa. Pero el monto va disminuyendo dependiendo de los años trabajados, y para los obreros con menos tiempo en la empresa, se achica mucho el dinero a cobrar.
Intervención de una legisladora
A raíz de esta situación, la diputada nacional María Emilia Soria presentó un escrito al secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, y al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Lo hizo luego de haber mantenido una reunión con el delegado de la Planta de Empaque y un grupo de trabajadores.
“Como es de público conocimiento, la empresa Moño Azul ha despedido a 30 empleados en la ciudad de General Roca. Con el antecedente de los 130 despidos de Expofrut, estas 30 familias se suman a las víctimas directas de la crisis en que se encuentra la actividad frutícola, que no solo afecta a pequeños productores sino también a empresas exportadoras, fundamentalmente a sus trabajadores” dijo la diputada del Frente para Victoria.
Denunció que “los trabajadores alegan que Moño Azul solo quiere pagarles el 30 ó el 40% de la indemnización que por ley les corresponde”. Y le pidió al secretario de Trabajo de Río Negro que debe “fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, ejercer la función de Policía del Trabajo en todo el territorio provincial, sancionar las infracciones a la normativa vigente como así también los incumplimientos de intimaciones efectuadas o resoluciones que impongan obligaciones a los empleadores, como manda la ley”, sostuvo la legisladora.