Santa Fe busca facilitar inclusión social de personas en conflicto con la ley penal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, suscribió este miércoles un convenio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Regional Rosario y con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) Regional Rosario, con el objetivo de coordinar la aplicación, gestión y control de reglas de conducta, para la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal.

El acto se realizó en el despacho del ministro en la sede de Gobernación de la ciudad de Rosario (con la presencia del fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini; y del defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti.

En el acto de firma también estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Martínez Gorostiaga; y la titular de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de la provincia, Silvia Aquino, entre otros funcionarios.

El objetivo del convenio es organizar un protocolo de actuación entre las partes para la adecuada implementación del Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, que tiene como fin la coordinación comunitaria de los actores intervinientes en la fijación y seguimiento de reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 bis del Código Penal, cuando se ordenan reglas de conducta de contenido social, que pueden incluir el cumplimiento de tareas en beneficio de la comunidad.

El programa de Gestión y Control de Reglas de conducta se implementa en el ámbito de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su principal objetivo es trabajar por la inclusión social de sujetos en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia en el delito.

En este marco, el área provincial designa y distribuye las tareas no remuneradas, evitando los inconvenientes que genera una derivación inconsulta, priorizando como destinos las instituciones públicas, las instituciones privadas con bien común y las ONGs, que previamente integren una red institucional por la inclusión social.

Asimismo, trabaja para favorecer la reparación del daño a la comunidad o a un miembro de ella a través de tareas que sean útiles a aquella.

Además, implementa políticas para democratizar el servicio de justicia, transparentar los sistemas y fomentar la justicia restaurativa.

De esta manera, se tiende a transformar una sanción individual en algo proactivo hacia la comunidad y se posibilita que el trabajo no remunerado signifique un aporte para los organismos destinatarios.

En este sentido, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein señaló que se trata de “un convenio de enorme significación porque es un paso más en la implementación del proceso acusatorio en la provincia de Santa Fe, que es vanguardia en la República Argentina” y agregó que “la Nación y otras provincias están tratando de implementarlo, pero el sistema acusatorio como lo tiene la provincia es un paso enorme”.

Esto es “la concreción de las políticas de diálogo que tiene el Poder Ejecutivo provincial con el resto de los poderes, si bien el Servicio de la Defensa y el MPA tiene autonomía funcional esto no significa que no tenga que haber sinergia, esto refiere a la ejecución en aquellos supuestos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena y que la persona haya cometido un delito, la persona pueda realizar tareas comunitarias, educativas de salud, con el objetivo de integrarlas y que no vuelvan a cometer delito”, aunque remarcó que “solo para personas que hayan cometido delitos menores y por una sola vez”.

“Es un paso que se da desde el Ejecutivo y gracias a las tareas que se ha venido trabajando desde hace tiempo, tanto con el Servicio de la Defensa como con el Ministerio Público de la Acusación, estudiamos la manera de implementarse en estos casos los supuestos de tareas de educación y trabajo comunitario para las personas que hayan cometido estos delitos menores”, indicó Silberstein.

En relación las entidades de la sociedad civil que intervendrán en la puesta en práctica de este programa el ministro dijo que “desde la Dirección Pos Penitenciaria del Ejecutivo hay convenios con la Municipalidad con ONG con empresas, con salud, con seguridad vial, es decir que según el tipo de delito se asignará una tarea específica, además de las que fije el juez. También nos encontramos con casos de adicciones para los que hay cursos específicos y tratamientos, de la misma manera se actuará con otro tipo de delitos como los económicos”.

Con respecto a la cantidad de personas que se encuentran afectadas para poder ingresar a este programa, Silberstein señaló que “en la Dirección Penitenciaria hay aproximadamente 4.200 personas”.

“La decisión sobre las personas que serán afectadas en el programa estará a cargo del juez, pero se tendrán en cuenta las opiniones de los fiscales y de los defensores”.

Por su parte, el fiscal Regional Jorge Baclini añadió que “lo que se logra en el convenio es establecer un mejor control y la incorporación de la persona a un plan adecuado al Servicio Pos Penitenciario, es decir que de acuerdo al tipo de delito se asignarán las reglas de conducta que debe cumplir la persona”.

“Antes el convenio era más informal porque se llegaba a un acuerdo entre el fiscal y el defensor de la persona imputada, se presentaba ante el juez directamente, lo que imposibilitaba los controles. Ahora se harán controles más específicos y más efectivo”, indicó el fiscal.

“El seguimiento estará a cargo del Servicio Pos Penitenciario, que cuenta con una regulación de distintos órganos e institutos donde se pueden llevar a cabo las reglas de conductas y tareas comunitarias”, concluyó Baclini.

La Dirección de control y asistencia penitenciaria

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa nacional e internacional, las políticas públicas implementadas por el gobierno de la provincia tienen por objetivo garantizar y mejorar las oportunidades de inclusión social de las personas en conflicto con la ley penal, entendiendo que son sujetos de derechos y deberes, fortaleciendo vínculos y trabajando por la construcción de ciudadanía.

El objetivo general de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (ex Patronato de Liberados) es trabajar por la inclusión social de personas que cometieron delitos, lograr el reintegro al medio libre a pesar de su paso por la prisión, tendiendo a su inclusión social integral, la gestión y ejecución de medios alternativos o sustitutivos de penas de encierro y del juicio penal, debiendo controlar las reglas de conducta impuestas y evitar la reiterancia y reincidencia.

En este sentido, el área implementa diversos programas de inclusión, propios y externos, articula con efectores públicos y privados, y fomenta una política de cupos de inclusión para las personas que egresan de la prisión (pos penitenciarios) y para las personas que deben cumplir con reglas de conducta en el medio libre (probandos).